Feministas que participaron en piquetes informativos durante las huelgas del 8M de 2018 y 2019 en la ciudad de València han perdido dos nuevos juicios a los que se han enfrentado y tendrán que pagar las multas impuestas durante las movilizaciones.
Frente a estas resoluciones, hubo una primera sentencia del juzgado que anuló las multas impuestas a las feministas al ver «falta de imparcialidad» en el informe policial aportado al procedimiento.
Ante estas sentencias, la Assemblea Feminista de València ha lanzado un comunicado en el que denuncia las condenas «que castigan a las feministas que se manifestaron en la calle durante unas jornadas de huelga convocadas legalmente», han subrayado.
Según las feministas, la sentencia del primer juicio «reconocía la falta de objetividad del informe de los agentes y, a la vez, hacía patente como el principio de veracidad vulnera la legítima defensa y demuestra que el Estado prioriza sistemáticamente la sanción por encima de derechos fundamentales como son los de huelga y manifestación».
En cambio, en los dos procesos siguientes, «la justicia se ha aliado con la represión política hacia el movimiento feminista». La Asamblea pone en cuestión la disparidad de las sentencias: «¿Cómo es posible que la palabra de los policías en esta ocasión sí que se considere objetiva y verdadera, cuando una sentencia anterior demostraba la animadversión del dispositivo policial contra las feministas en huelga?», se han preguntado.
En el comunicado, las feministas cargan contra la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, promulgada por el Partido Popular (PP) en 2015, y contra el hecho que hoy continúe vigente.
Según han recordado, el movimiento feminista de València ha recibido multas tanto con el PP como el PSOE en la delegación de Gobierno, «a pesar de que tanto el anterior delegado socialista, Juan Carlos Fulgencio Tejedor, como la actual delegada, Gloria Calero, prometieron revisar las multas y hacer lo posible para que estas no llegaran a juicio», han dicho.
Al respecto, la Asamblea Feminista ha recordado que en septiembre de 2020, «Calero incluso afirmó que mediaría con el Ministerio de Interior del Gobierno español para tratar de encontrar una solución». «Si lo hizo o no, no lo podemos saber, pero el resultado está claro: feministas condenadas a pagar multas, acusadas falsamente de desorden público y resistencia a la autoridad por haber salido a la calle a manifestarse durante unas jornadas de huelga legalmente convocada», han insistido.
De las 21 multas originales impuestas a las feministas –veinte durante las movilizaciones del 8M de 2018 y 2019, y una durante el 25N de 2019–, 18 quedan todavía pendientes de resolverse por la vía administrativa.
