Los ex consejeros del Banco de Valencia (BV) Domingo Parra y Agnes Noguera serán juzgados el lunes en la Audiencia Nacional por un delito de administración desleal continuada, por el que se enfrentan a hasta tres años de cárcel, debido a la serie de créditos que concedieron a una inmobiliaria, Libertas 7, de la que también eran consejeros, dejando un agujero de 13 millones de euros.
La Fiscalía pide para Parra, consejero delegado del BV y consejero de Libertas 7, y Noguera, consejera de la entidad bancaria y consejera delegada de la inmobiliaria, hasta tres años de cárcel como autores de un delito de administración desleal continuada y que indemnicen de forma conjunta y solidaria al FROB con 13.567.175,56 euros en concepto de responsabilidad civil.
Sin embargo, Parra ha presentado un escrito de conformidad con el Ministerio Público por el que acepta un año y siete meses de cárcel, una pena rebajada al apreciar la Fiscalía una atenuante de confesión, ya que ha colaborado con la Justicia, y tener en cuenta la reparación del daño causado, al menos parcial, puesto que ha hecho un ingreso de 100.000 euros en la cuenta del FROB.
Según el relato que hace el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, Parra y Noguera «se dispensaron de forma continuada un trato preferente de favor y dispusieron de fondos del Banco de Valencia por un importe de 65 millones de euros a través de la refinanciación continuada de seis pólizas y préstamos desde finales de 2006 y hasta 2012».
El ‘modus operandi’ consistía en que Parra, ejerciendo sus poderes en el BV «a título particular sin velar por los intereses sociales y patrimoniales del banco que administraba», concedía a Libertas 7 líneas de crédito que luego se convertían en préstamos que no eran amortizados a su vencimiento, pese a lo cual, se renovaron con las mismas condiciones «sin aplicar intereses de demora».
La Fiscalía sostiene que las operaciones con Libertas 7 «se adoptaron por decisiones personales de ambos acusados sin contar con los órganos de control» del BV, recalcando en este sentido que «las aprobaciones y autorizaciones posteriores en los distintos órganos colegiados (del banco) fueron una mera formalidad».
Además, ha subrayado que estas operaciones financieras «traían causa del concierto de intereses entre Libertas 7 y el Banco de Valencia por la compra cruzada de acciones». Así, la inmobiliaria llegó a tener el 5% del capital del banco, ayudando a mantener el valor de la acción, y la entidad bancaria participó en la mercantil con hasta casi un 6%.
Esta «secuencia continua» se tradujo en una deuda de Libertas 7 con el Banco de Valencia de 61 millones de euros, «sin que el valor de los activos libres que podían ser dacionados alcanzaran más que el importe de 47 millones, originándose una pérdida económica de 13 millones», importe por el que el FROB tuvo que aceptar una quita.
UN «TRATO PRIVILEGIADO»
Este «trato preferente y privilegiado» con Libertas 7 por la supuesta «connivencia» entre Parra y Noguera redundó en lo que a finales de 2011 era ya una situación económica «insostenible» para el Banco de Valencia, que en noviembre de ese mismo año tuvo que ser intervenido por el FROB.
Los nuevos administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria intentaron refinanciar la deuda que Libertas 7 tenía con el BV pero «no fue posible por varias razones», entre las que el Ministerio Público ha destacado que la inmobiliaria sufría «una severa falta de liquidez».
Para la Fiscalía, no hay duda de que «los acusados abusaron del poder que les conferían sus posiciones de dominio en la administración del Banco de Valencia y soslayaron la normativa interna de la entidad sobre la gestión del riesgo y quebrantaron los deberes de lealtad en la protección de los intereses sociales».
