Un total de 76 presos de ETA han progresado de primer a segundo grado en España y Francia desde junio de 2020 hasta ahora. En ese periodo de tiempo, se han reducido de 232 a 218 (-14) los etarras que se encontraban en prisión, y 21 han sido trasladados a cárceles de Euskadi y Navarra, según ha dado a conocer el Observatorio Behatokia.
El abogado de Behatokia, Aitzol Asla, y los representantes del Foro Social Permanente, Teresa Toda y Agus Hernán, han ofrecido este jueves una rueda de prensa en Bilbao, en la que han ofrecido datos recabados a través de un informe de la situación de los presos de ETA.
Además, han asegurado que «es innegable» que el Gobierno de Pedro Sánchez «está dando pasos» en lo que a política penitenciaria se refiere, aunque consideran que «hay pocos acercamientos» a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.
También han subrayado que «la inmensa mayoría» de los 190 miembros de ETA encarcelados en territorio español, independientemente del grado en el que se encuentren, han hecho, motu proprio, «un reconocimiento del dolor de las víctimas, han mostrado su «empatía» con su sufrimiento y han expresado «su compromiso exclusivo por las vías pacíficas y democráticas».
En su estudio, han señalado que en junio de 2020 había 232 presos vinculados al EPPK: 31 mujeres y 201 hombres. De ellos, 198 se encontraban en el Estado español –sólo cuatro en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra– y 34 en Francia.
Un total de 154 estaban en primer grado, de las que a 39 se les aplicaba el artículo 100.2 de flexibilidad. En segundo grado se encontraban 37 y solo cuatro en tercero, la mayoría personas enfermas.
En la actualidad, hay 218 presos: 31 mujeres y 187 hombres. En cárceles españolas hay 165, de los que 25 se encuentran en Euskadi y la Navarra, mientras que 28 están en prisiones francesas. Un total de 78 personas continúan en primer grado, 34 con aplicación del artículo 100.2. Un centenar tienen segundo grado, tres con flexibilidad, y once en tercer grado (cinco en prisión atenuada).
MOVIMIENTOS
Teresa Toda ha constatado que «hay movimientos» y se están realizando traslados «que aproximan, que alivian las cargas de las familias, pero aún hay pocos acercamientos a las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra», prisiones que, a su juicio, son «las adecuadas para recorrer las vías legales de reintegración». No obstante, ha apuntado que «continúa la excepcionalidad» con los presos de la banda.
El letrado Aitzol Asla ha afirmado que «es necesario normalizar la aplicación de la legislación ordinaria y la clasificación, y contar con programas de tratamiento adecuados, con garantías». Asimismo, ha denunciado que el artículo 100.2, que flexibiliza el primer grado, se está utilizando para «frenar» la progresión al segundo grado.
Por su parte, Agus Hernán ha remarcado que «se están dando pasos en la buena dirección y están generando esperanza entre los familiares y allegados», pero ha añadido que «falta una gestión más valiente de esos cambios en materia de acercamientos al País Vasco y en evolución de grados que permita dar por finalizada la fase de la excepcionalidad penitenciaria».
RECONOCIMIENTO DEL DAÑO
Hernán ha subrayado que, a fecha de hoy, la inmensa mayoría de las 190 personas encarceladas en el Estado español que componen el EPPK, «independientemente del grado en el que estén, han aportado ‘motu proprio’ escritos desde su trayectoria vital y su vivencia personal, en los que hacen un reconocimiento expreso del daño causado, un reconocimiento del dolor de las víctimas y/o muestra de empatía hacia el sufrimiento de las mismas».
Asimismo, ha explicado que «expresan su compromiso exclusivo por las vías pacíficas y democráticas como medios de acción política de futuro y una voluntad o compromiso de recorrer la vía penitenciaria». En este sentido, ha querido puntualizar que en la legislación penitenciaria, para progresar de primer a segundo grado, «no es condición ‘sine qua non’ el reconocimiento del daño causado», aunque sí para pasar al tercer grado y obtener ciertos beneficios penitenciarios.
A su juicio, el hecho de que los presos de ETA den el paso de redactarlo supone, en opinión del Foro Social Permanente, «una importante contribución a la convivencia democrática».
También ha afirmado que algunos de los reclusos que han accedido a destinos de trabajo remunerado, están haciendo frente al abono de la responsabilidad civil y, otros, «en la medida que son insolventes, han mostrado su disposición a hacerlo, aún de modo simbólico».
