Los obispos españoles han asegurado su «compromiso para la protección de los menores» frente a los abusos sexuales y, para ello, han indicado que siguen «dando pasos» desde sus oficinas diocesanas especializadas en la atención y acompañamiento a víctimas de abusos, mientras que la asociación de víctimas Infancia Robada duda de la «función» que cumplen estas oficinas y piden a los obispos que investiguen los casos del pasado.
En cumplimiento con lo dictado por la Santa Sede, todas las diócesis españolas tienen establecidos, desde antes del 1 de junio de 2020, protocolos y oficinas para la protección de menores y presentación de denuncias por abusos cometidos, según informa la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En algunas diócesis, según indica la CEE, se han implementado procesos comunes para la protección de menores, protocolos para los centros educativos y formación para profesores y alumnos para la detección y prevención de abusos a menores.
En la Asamblea Plenaria de noviembre, los obispos hicieron balance del trabajo de estas oficinas de atención a las víctimas de abusos unos meses después de que se cerrara el plazo para su apertura en todas la diócesis españolas.
El secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, aseguró que los casos que habían llegado a estas oficinas en sus primeros seis meses de funcionamiento eran mínimos. «El número de denuncias ha sido cero o muy pocas», afirmó.
Por su parte, la Asociación de víctimas Infancia Robada duda de la «función» de estas oficinas y pide a los obispos «transparencia», que «investigue los crímenes del pasado» y que indemnicen a las víctimas.
«El principal problema que le vemos a la respuesta de la Conferencia Episcopal Española es, por una parte, la falta de transparencia porque se han negado a investigar los crímenes del pasado a diferencia de otras conferencias episcopales», ha indicado el portavoz de Infancia Robada, Miguel Hurtado.
Hurtado pide a la Iglesia española que diga «cuántos pederastas» ha habido, «en qué décadas» y «cuántas víctimas hay». Además, reclama «mecanismos de reparación efectiva» para las víctimas con indemnizaciones, como hace la Conferencia Episcopal Alemana.
«Desde las oficinas de atención a las víctimas, si no son transparentes, no dan datos, no dicen quiénes son los agresores, tampoco indemnizan a las víctimas, no se sabe muy bien qué función están haciendo», ha precisado Hurtado, añadiendo que son «más bien un lavado de imagen».
Asimismo, sobre los números de denuncias que han recibido estas oficinas, según los datos ofrecidos en noviembre por la CEE –«muy pocas o cero»–, Hurtado lo achaca a que «las víctimas no confían en los obispos y por este motivo no van a las oficinas de atención».
