La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la investigación abierta a un juez de Madrid por las expresiones ofensivas que lanzó contra un víctima de violencia de género, a la que llamó «bicha» durante una conversación privada que fue grabada por error al término de la vista que celebrará en relación con su caso.
El Supremo desestima el recurso contra el archivo planteado por la mujer aludida en la conversación, que era una de las partes en el procedimiento cuya vista se acababa de celebrar. El tribunal destaca que, pese al carácter reprobable de las expresiones vertidas en la conversación, su grabación sin consentimiento invalida cualquier utilización de la misma en un procedimiento sancionador.
El caso afecta al juez de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, en relación con el procedimiento civil y penal que llevaba por el divorcio y las denuncias de malos tratos interpuestas por la modelo española María Sanjuán contra su exmarido.
La víctima presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra este magistrado por referirse a ella como «bicha» o «hija puta» tras una vista, y el Poder Judicial abrió una diligencia informativa que fue finalmente archivada.
CON LA SALA DESALOJADA
La sentencia dada a conocer este miércoles relata que el 27 de junio de 2018, tras finalizar una vista, quedó inadvertidamente conectado el sistema de grabación de la misma, por lo que, una vez desalojada la sala y presentes exclusivamente el magistrado titular del Juzgado, la Letrada de la Administración de Justicia y la Fiscal, «desconocedores de que el sistema de grabación seguía activado, el magistrado empleó expresiones y se refirió a la demandante en términos inequívocamente ofensivos y por completo inaceptables y fuera de lugar»,
La grabación de la vista fue entregada a las partes, sin advertir que incluía la conversación posterior, lo que determinó la protesta de la defensa letrada de la demandante y la recusación por parcialidad del magistrado titular del Juzgado, que se apartó de las causas que afectaban a la recurrente, aparte de ofrecer sus disculpas.
El Supremo destaca que la cuestión en el presente procedimiento no es la valoración que puedan merecer las expresiones del juez, sino exclusivamente si la grabación accidental y desconocida de la conversación puede ser tenida en cuenta para dar pie a una diligencia informativa o, en su caso, a un expediente disciplinario, sobre el magistrado que profirió tales expresiones.
En ese sentido, el tribunal indica que fue una grabación «accidental e indebida», que sólo se produjo por un error de quien estuviera al cargo del aparato de grabación. La prolongación de la grabación una vez finalizada la actuación judicial para la que está prevista y debe circunscribirse, será por definición irregular, dice el Supremo, «ya sean grabaciones de imagen, de sonido, o audiovisuales y sean quienes sean los sujetos involucrados».
«El carácter irregular de la grabación no resulta alterado por el lugar, las personas o el contenido. La grabación tiene una finalidad legal, que es dejar constancia audiovisual del acto judicial que tiene lugar, y una vez finalizado dicho acto la grabación carece de toda cobertura legal bajo el amparo del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa falta de cobertura legal no queda subsanada por el hecho de que la grabación se produzca en una sala de justicia, porque las personas grabadas sean profesionales de la justicia o por el tema de conversación, puesto que ninguna de tales circunstancias puede hacer que la grabación inadvertida y accidental sea una grabación practicada para el cumplimiento de funciones judiciales previstas por la ley», dice la sentencia.
Así pues, añaden los magistrados, la circunstancia de que la estancia donde se produjo la grabación fuese una sala de vistas no autoriza a que se grabe lo que pueda acontecer en ella, aparte de la realización de actos judiciales públicos.
El que los sujetos grabados fuesen profesionales de la administración de justicia tampoco hace legal una grabación de su conversación una vez finalizado el acto judicial que acababa de tener lugar. Y, en consecuencia, esa conversación, fuese cual fuese su tenor, ha de ser considerada como una conversación privada que sólo podría ser conocida si sus partícipes así lo desearan.
Como la grabación irregular se produjo por inadvertencia del servicio encargado de grabar la vista que se acababa de producir y que, por consiguiente, nadie supo que se estaba produciendo la grabación, para la Sala, en consecuencia y por definición, la grabación de las personas que se encontraban en la sala no fue consentida por éstas, siendo tal consentimiento la única circunstancia que podría haber otorgado validez legal a la grabación.
«En ausencia de consentimiento la grabación es una clara vulneración del ámbito privado de las personas grabadas, lo que invalida cualquier uso de la misma para un procedimiento sancionador», dice la sentencia, que añade que ello no palía el carácter reprobable de las expresiones proferidas en la citada conversación.
