La Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y diferentes organizaciones educativas del sector de la concertada, ha registrado este miércoles ante la Comisión Europea un escrito denunciando que la nueva Ley educativa, la LOMLOE o ‘Ley Celaá’, «pone en grave riesgo de vulneración Derechos Fundamentales y Libertades reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea». «Supone, en definitiva, una amenaza al Estado de Derecho», indica la carta.
Según Más Plurales, la norma impulsada por el Gobierno, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre, vulnera, en primer lugar, la Libertad de Enseñanza establecida en el art. 27 de la Constitución Española al convertir a la enseñanza concertada, a su juicio, en «subsidiaria» de la pública.
En segundo lugar, denuncian que se vulnera la libertad de creación de centros, establecida en los artículos 14.3 y 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, al «limitar», en su opinión, «la posibilidad de apertura de nuevos centros con ideario propio y con ello el pluralismo en el sistema educativo».
Y, tercero, se quejan de que el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos conforme a sus convicciones, que recoge el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, se ve «limitado» al suprimirse de la Ley el concepto de ‘demanda social’ como criterio a tener en cuenta en la programación de la oferta de plazas escolares sostenidas con fondos públicos. «A partir de ahora, dicha programación será decidida por la administración pública sin tener en cuenta la voluntad de las familias», cree Más Plurales.
El objetivo del escrito es «informar y denunciar» ante la Comisión Europea lo que Más Plurales considera una «conculcación explícita de los principios básicos del Estado de Derecho de España y en el ámbito de la Unión Europea», con el fin de «contribuir a su necesaria e imprescindible corrección, haciendo efectivas las posibles acciones de carácter jurídico y político que se recogen en los Tratados Constitutivos y de Funcionamiento de la Unión Europea, y en las Comunicaciones de 2014 y 2019 de la Comisión relativas a la salvaguardia del Estado de Derecho y de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».
Por todo ello, la plataforma solicita a la Comisión Europea que admita esta denuncia e inicie el recurso de incumplimiento en el que la Plataforma pide ser considerado parte interesada.
Esta acción ante la Comisión Europea se suma a la solicitud de amparo presentada el pasado 26 de noviembre ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que se encuentra actualmente en tramitación.
La plataforma, que ha abanderado las numerosas protestas del sector de la concertada desde el inicio de la tramitación parlamentaria de la ‘Ley Celaá’, asegura que seguirá utilizando «todos los procedimientos legales y políticos a su alcance para seguir defendiendo la libertad, la pluralidad y la existencia y viabilidad del sector de la enseñanza concertada».
Según reivindican, la educación concertada es un modelo de enseñanza que «mantiene año tras año una importante demanda de la sociedad española» y que «contribuye a hacer efectivo el derecho constitucional a la elección del tipo de educación deseada por las familias». Sin embargo, advierten de que la vigente Ley educativa «amenaza seriamente» dichas cuestiones.
El escrito está firmado por representantes de organizaciones de padres y madres, sindicatos y empresas del sector de la concertada integrantes de Más Plurales como: la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), la Federación de Enseñanza de Unión Sindical Obrera (FEUSO), Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).
