El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha acusado este martes al PP de actuar como Vox por lanzar «mensajes incendiarios» sobre la ocupación de viviendas para «alarmar al ciudadano de a pie», asegurando que no es posible afirmar que el fenómeno se haya disparado, al tiempo que ha defendido la necesidad de tener en cuenta las «diferentes realidades», mencionando a los colectivos vulnerables, para no «meter en el mismo saco» todos los casos.
«No caigan en el mismo error, no sé si intencionado, del grupo parlamentario Vox. No utilicen datos de denuncias no equiparables a condenas para confundir y alarmar al ciudadano de a pie», ha dicho Campo en respuesta a una interpelación planteada por el senador ‘popular’ Antonio Silván sobre «las medidas que el Gobierno tiene previsto implementar para combatir judicialmente de forma más eficaz los cada vez más numerosos casos de ocupación ilegal de viviendas».
Silván ha afirmado que hay un «aumento desesperante de la ocupación ilegal de viviendas en España», citando datos del Ministerio de Interior según los cuales en el primer semestre de 2020 se habrían producido una media de 40 denuncias al día por estos hechos. «La mitad, por cierto, en Cataluña», ha apostillado.
Frente a ello, ha acusado al PSOE de ceder a las presiones de Unidas Podemos para mantener el Gobierno, con la suspensión de los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional mientras siga en vigor el estado de alarma, y con la Ley de Vivienda que prepara el Ejecutivo, con la que la formación ‘morada’ pretende, entre otras cosas, obligar a los grandes tenedores a sacar un 30% de los inmuebles vacíos como alquileres sociales.
De esta forma, ha sostenido Silván, el Gobierno estaría legitimando un comportamiento delictivo y socavando la seguridad jurídica. «Quieren sustituir el modelo del esfuerzo por el de una sociedad adocenada», ha criticado.
JUNQUERAS, COMO «DELINCUENTE EDUCADO»
El senador ‘popular’ ha aprovechado para deslizar que al Gobierno y a sus socios «les gusta legitimar a determinado tipo de delincuentes», «a los delincuentes educados»: «Porque, si Junqueras es un delincuente al que hay que sacar de la cárcel porque es un sedicioso y un malversador pero es educado y bonachón, un ‘okupa’ puede atentar contra la propiedad privada siempre que, aunque no diga ‘por favor’ al entrar, al menos diga al legítimo propietario que cierre la puerta al salir.
Asimismo, ha reprochado al Ejecutivo que lo haga «de tapadillo», usando como «coartada» a «los españoles pueden estar pasándolo mal y que son gente honrada para dar rienda suelta a sus trasnochadas políticas». «No sean cobardes, si quieren legitimar un delito, díganlo abiertamente», les ha instado.
Silván también ha querido poner el foco en las tensiones internas en el Gobierno, apuntando que lo único que necesita Podemos para hacer de la suspensión de los desahucios algo indefinido es «provocar un nuevo desencuentro» con el PSOE, como hizo con la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. Silván se ha quejado de que «de cada cisma del Gobierno sale un nuevo coste para los españoles».
LA «PROFECÍA DEL DESASTRE»
Campo le ha replicado que tanto el Gobierno como otras instituciones están trabajando para «mejorar la respuesta a los problemas de la ciudadanía, mientras otros viven de la profecía del desastre». «Este pánico que rezuman sus palabras es simplemente muestra de arrogancia», ha espetado a Silván.
El ministro de Justicia ha pedido al PP que haga un «análisis riguroso» de la problemática de la ocupación ilegal de viviendas, en vez de convertirlo en «un arma arrojadiza de campaña electoral para alarmar al ciudadano de a pie».
Así, ha expuesto que, conforme a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las ocupaciones se redujeron de 2017 a 2018 y la mayoría afectan a casas que pertenecen a grandes inmobiliarias o a bancos y son viviendas vacías, no primeras o segundas residencias.
Campo ha advertido igualmente en contra de hacer «simplificaciones» sobre «un fenómeno donde se subsumen diferentes conductas pero, sobre todo, realidades diferentes».
«Hay que distinguir claramente cuando hablamos de grupos organizados o de mafias y cuando hablamos de familias en situación de vulnerabilidad, porque la respuesta de los poderes públicos tiene que ser distinta, no meter en el mismo saco ni el tipo de delito ni el perfil de las personas que lo cometen», ha defendido.
NO HACER CAMBIOS LEGALES «EN CALIENTE»
Por otro lado, Campo ha considerado que, aunque no cree que deban descartarse cambios legislativos en esta materia, «no podemos hacerlos en caliente o empujados por el hecho de que algunos casos estén en los medios de comunicación.
A este respecto ha reivindicado que «el ordenamiento jurídico ya tiene herramientas precisas para hacer frente de forma eficaz al fenómeno de la ocupación» y ha aludido a las normas de tipo civil, penal y administrativo en cuestión.
Con todo, ha estimado que «decir que la población está indefensa frente a la ocupación está absolutamente fuera de la realidad», y ha instado al PP a huir de la «demagogia» y del «populismo» y «no estigmatizar a los colectivos más vulnerables ni alarmar de forma irresponsable a la población», recalcando que esa es la estrategia de Vox.
