La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha instado a las comunidades autónomas a «no perder más tiempo» y alcanzar «acuerdos estables de colaboración», tras acordar en el día de ayer sendos marcos estables de colaboración en las regiones de Andalucía y Madrid, con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria y la diversa presión asistencial que sufren cada uno de estos territorios.
Estos acuerdos que regulan el traslado de pacientes a la sanidad privada se suman a otros similares ya alcanzados en la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Canarias y País Vasco, además de Cataluña y Navarra, que ya han enviado pacientes con coronavirus a hospitales privados.
La Junta de Andalucía ha anunciado que sumará a sus recursos los de la sanidad privada, tanto para atender casos de coronavirus como de otras patologías, dada la situación límite en la que se encuentran la mayor parte de los hospitales de la red pública andaluza.
El acuerdo con la Junta establece que cuando las derivaciones de pacientes afectados por coronavirus obliguen a modificar la programación establecida en los centros privados se paralizarán únicamente las intervenciones no urgentes que requieran UCI y aquellas que requieran más de tres días de hospitalización.
El acuerdo para el uso conjunto de medios alcanzado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Asociación de Empresas Sanitarias de Prestación Asistencial de Andalucía, patronal de la sanidad privada en la comunidad, permitirá derivar a sus centros hospitalarios a pacientes que en la sanidad pública no tienen cabida ante la elevadísima ocupación generada por COVID-19.
En el mismo se establecen una serie de tarifas en función de si se trata de camas convencionales, camas UCI y camas UCI-covid y que la Consejería se compromete a sufragar con el fondo covid que el Gobierno andaluz ha destinado para paliar los efectos de la pandemia.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través de la orden 64/2021 de 27 de enero de la Consejería de Sanidad, adopta la «puesta a disposición de determinados establecimientos sanitarios privados y su personal, en el marco de medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por COVID-19».
La citada orden se aplica hasta el 28 de febrero de 2021, pudiendo prorrogarse en función de la situación sanitaria. La Consejería madrileña establece de igual modo una serie de tarifas en función del tipo de asistencia requerida por los centros hospitalarios privados, distinguiendo entre: pacientes covid-19 con estancia en planta y con estancia en UCI, y pacientes cuya patología principal no sea covid-19 pero que requieran protocolo de seguridad COVID.
«URGE UN ACUERDO MARCO PÚBLICO-PRIVADO NACIONAL»
Aún así, la patronal sigue reclamando un plan de trabajo público-privado para toda España e insta a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, a corregir la ausencia, hasta ahora, de una estrategia nacional. ASPE insiste en que la respuesta asistencial público-privada debería contemplar dos principios básicos: «marco estable para todo el territorio y aplicación flexible de protocolos de colaboración adaptados a la situación particular de incidencia COVID en cada territorio».
«El establecimiento de unas bases claras para un uso racional de todos los medios del Sistema Nacional de Salud es el mejor mecanismo de prevención que podemos adoptar frente a una crisis de esta envergadura. Creo que lo que estamos pidiendo es algo totalmente lógico: un plan de trabajo claro y transparente, que nos permita reducir el tremendo impacto negativo de la pandemia tanto en nuestros centros como en la sanidad pública», señala el presidente de ASPE, Carlos Rus.
En cualquier caso, ASPE insta a las comunidades autónomas a «no perder más tiempo» y «alcanzar acuerdos estables de colaboración que eviten la intervención de la sanidad privada sin tener a priori definida la contraprestación». El impacto económico de la intervención de los centros sanitarios privados durante el primer estado de alarma en abril de 2020 ha provocado hasta el momento el cierre de alrededor de 3.000 centros sanitarios sin internamiento en toda España y una deuda estimada de aproximadamente 250 millones de euros.
Desde la sanidad privada se hace igualmente hincapié en la importancia de evitar la desprogramación generalizada de las intervenciones no urgentes y retrasar solo aquellas que requieran UCI o un ingreso hospitalario posterior de más de 3 días.
«De nuevo es importante en este sentido la existencia de un acuerdo que permita flexibilizar la gestión de los recursos en base a la emergencia que se vive en cada territorio y no aplicando una obligatoriedad única. La patronal considera que solo podría asumirse una desprogramación parcial de las intervenciones que requieren UCI y en aquellas zonas de gran incidencia en las que sea necesario y en un momento concreto, ya que hay muchas otras enfermedades distintas al coronavirus y pacientes que han de ser tratados», concluyen.
