La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha asegurado que se han abierto expedientes informativos sobre las posibles vacunaciones indebidas frente a la COVID-19 en residencias y ha advertido que si se comprueba que se ha actuado irregularmente no se renovarán los conciertos de las plazas que estén vigentes cuando fallezca la persona que las ocupa.
Blanco se ha referido así a la posibilidad de que a través de las residencias se hayan vacunado personas que no se encontraban entre los grupos indicados para ello después de que se hayan conocido algunos casos en los que podría haberse dado esta circunstancia.
La titular de Familia ha incidido en hay 73.400 personas entre residentes, trabajadores fijos de centros residenciales o que prestan servicio en los mismos y tienen contacto directo con los residentes que se encontraban entre susceptibles de recibir la primera dosis de la vacuna en relación a los grupos establecidos.
De estas personas, el 98 por ciento estaban localizados mediante listados de la Consejería o de Sanidad pero el 2 por ciento restante figuran entre los que las propias residencias han comunicado mediante listas porque pertenecen a otro tipo de servicios como los externalizados (podólogos o cocina, por ejemplo) y de los que no dispone la Administración, lo que suponen 1.500 personas entre las cuales podría encontrarse alguna que no pertenecería a los grupos susceptibles de recibir la vacuna en esta fase.
Sin embargo, Isabel Blanco ha afirmado que hay centros residenciales «con poca ética» que han incluido en los listados a personas que no deberían estar en ellos porque no son mayores, dependientes, con discapacidad o trabajadores que tienen contacto directo con los residentes, que son los que deberían de estar.
La titular de Familia ha explicado que los centros son los responsables de la información y los que en algunos casos han tenido «poca ética» al meter a esas personas, igual que las personas que reciben la dosis «sabiendo que no son prioritarios», algo que ha aclarado que se ha producido en situaciones «excepcionales y muy puntuales».
EXPEDIENTES Y SANCIONES
Por ello, la Consejería ha abierto expedientes informativos para comprobar los datos y Blanco ha asegurado que se aplicarán las sanciones correspondientes, al tiempo que ha dejado claro que, en el caso de que se detecten que se han producido estas circunstancias irregulares en centros en los que hay plazas concertadas de la administración éstos no se renovarán cuando fallezca persona que ocupa la plaza.
«Es un tema serio, importante, hay centros que se han saltado el orden de prioridad y vamos a ser muy contundentes», ha aseverado la conejera de Familia.
Isabel Blanco ha incidido en que se pueden comprobar los listados porque además hay un registro de vacunación y se podrán cotejar, pero «no es proceso que se pueda hacer en 24 horas» porque son más de 73.000 personas las que entraban en este tipo de vacunación.
En cuanto a si habría que poner la segunda dosis en caso de que hayan recibido la primera cuando no les correspondía, la consejera ha aclarado que ella no tiene que determinar esta cuestión sino que deberán ser las autoridades sanitarias las que lo decidan.
Por otro lado, en cuanto a entre el 10 y el 12 por ciento del personal que ha rechazado la vacunación por diferentes motivos, bien personales o médicos, la consejera ha indicado que si ahora que empieza a dispensarse la segunda dosis podrían vacunarse, dado que algunas de ellas podrían no habérsela puesto al estar de baja en el momento en el que se puso la primera, por ejemplo, por bajas ajenas a la COVID.
