El Congreso examinará este jueves cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado mes de diciembre, entre ellos el plan de ayudas a los negocios del sector turístico, la hostelería y el comercio; la suspensión de desahucios y corte de suministros durante el vigente estado de alarma, y la ampliación de un crédito con cargo a deuda pública para indemnizar a los bancos por el almacén de gas Castor.
Los otros dos decretos leyes que la Cámara debatirá y votará el jueves son los de medidas de adaptación a la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, que contiene además la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 950 euros, y el de la adaptación de la Administración y cambios normativos para agilizar la ejecución de los fondos europeos contra la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Pese a su entrada en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe examinarse en el Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso de no obtener el respaldo de la Cámara, su derogación.
Pese a ser enero un mes inhábil a efectos de actividad parlamentaria, el Congreso ha previsto un Pleno para esta semana ante la posibilidad de no celebrar sesiones plenarias las dos primeras semanas de febrero por la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas el 14 de febrero.
Y es que tres decretos leyes se remontan al Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre, el plan de ayudas para la hostelería, comerio y turismo, la prohibición de desahucios y los cambios normativos para la ejecución de fondos europeos.
AYUDAS ANTICRISIS, ‘ESCUDO SOCIAL’ Y EJECUCIÓN DE FONDOS
El primero dirige una batería de medidas específicas para afrontar la crisis a este sector en el pago de sus alquileres, la obtención de créditos con el aval del ICO, y la reducción y aplazamiento de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social.
En el caso de la suspensión de desahucios de personas sin alternativa habitacional, se amplían las condiciones para acogerse a esta moratoria –vigente hasta el fin del estado de alarma– y las garantías, se faculta al juez para paralizar desahucios cuando se trate de grandes tenedores de vivienda y se amplía la prohibición de los cortes de suministro de electricidad, agua y gas para consumidores vulnerables.
El tercer decreto ley, dirigido a facilitar la ejecución de los fondos, no fue publicado en el BOE hasta el 30 de diciembre, pese a aprobarse ocho días atrás, y contiene modificaciones normativas para la gobernanza de fondos europeos, agilizar la concesión de ayudas con la simplificación de trámites, la reducción de plazos y la flexibilización de condiciones en estos proyectos.
Todo ello para evitar temidos ‘cuellos de botella’ que dificulten la absorción del Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España unos 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos para el período 2021-2026.
LA INDEMNIZACIÓN A LOS BANCOS POR EL ALMACÉN CASTOR
Finalmente, en el último Consejo de Ministros del año el Gobierno aprobó dos decretos leyes para autorizar el pago de indemnizaciones por el fallido almacén de gas Castor y la adaptación de normas por la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea.
En el caso de la indemnización por el proyecto Castor, de más de 1.350 millones de euros, el Gobierno ha aprobado una ampliación del crédito por 638 millones de euros con cargo a deuda pública por no disponer de recursos suficientes en el Fondo de Contingencia y decreta su ampliación hasta el importe total de la sentencia.
Este pago se efectuará a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por la cancelación de este almacén de gas, tras estimar el recurso de las tres entidades financieras que presentaron una reclamación de responsabilidad donde pedían devolver el dinero aportado para indemnizar a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por la paralización del proyecto.
La norma también contiene la exención de la tributación en el IRPF del Ingreso Mínimo Vital y de las rentas de inserción autonómicas hasta un máximo de 1,5 veces el Iprem.
BREXIT Y SMI
Respecto al decreto ley para afrontar el Brexit, una vez finalizado el período transitorio previsto en el acuerdo de salida de la Unión Europea, se prevén medidas de carácter temporal dirigidas a ciudadanos y empresas afectados hasta la regulación permanente de las relaciones con el Reino Unido.
También se contiene en él la prórroga del SMI a 950 euros en 14 pagas, vigente ya este año, ante la falta de acuerdo con patronal y sindicatos, pero también en el seno del propio Gobierno, para impulsar una subida este año, al menos, en línea con la inflación prevista del 0,9% como en sueldos y pensiones públicas.
