La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el comisario de Justicia, Didier Reynders, no descarte que en el informe que elabora la Comisión Europea sobre la situación del estado de derecho en la Unión, se analicen las «reiteradas condenas que los más altos tribunales españoles reciben en Estrasburgo».
En un comunicado, la formación jeltzale ha destacado que esta intención se deduce del contenido de una respuesta a una pregunta parlamentaria centrada en estas cuestiones que le dirigió en otoño la eurodiputada jeltzale.
Tal y como ha indicado, la Comisión Europea ha presentado este año, por primera vez, un informe sobre la situación del estado de derecho en los 27 estados miembros.
El estudio es uno de los frutos del mecanismo sobre el estado de derecho puesto en marcha por la comisión Von der Leyen para promover un diálogo estructurado sobre esta cuestión con los estados miembros, detectar los problemas antes de que surjan o corregir y tratar de evitar que se agudicen los existentes en cada uno de los estados miembros. El documento incluye un capítulo dedicado a cada uno de los 27.
«Bruselas insiste en que el objetivo central de esta herramienta es la cooperación interinstitucional, y anima a que estos informes anuales se usen como base para el debate en los estados miembros y a nivel de la Unión. Igualmente hace una invitación a otras partes interesadas a nivel nacional y de la UE a que participen en el proceso», ha añadido.
Haciéndose eco de dicha invitación y tras analizar los contenidos y metodología empleados para redactar el capítulo dedicado al estado Español, Izaskun Bilbao elaboró una iniciativa parlamentaria en la que recordaba que entre las fuentes para elaborarlo figuran «un análisis de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo».
Sobre esa base recordaba que «en los últimos años, las autoridades judiciales españolas han sido condenadas en Estrasburgo en varias ocasiones por vulnerar las garantías judiciales (derecho a un juicio justo), incluso de parlamentarios en el ejercicio de su cargo que fueron procesados por desobediencia, lo que vulnera su inmunidad parlamentaria, en referencia al llamado ‘caso Atutxa’ y el varapalo que propinó Estrasburgo al Tribunal Supremo».
Igualmente, la eurodiputada vasca citaba la acumulación de «censuras por impedir u obstaculizar la investigación de delitos de torturas» como la producida recientemente que se añade a las nueve anteriores cosechadas por las más altas instancias judiciales del estado por la misma causa.
Según ha incidido el PNV, en el ámbito de organizaciones civiles, la iniciativa destacaba las denuncias «en lo que respecta al uso y abuso de la prisión preventiva». Izaskun Bilbao «a la vista de los datos expuestos y de la metodología aplicada en el estudio, se interesaba por si estas cuestiones pueden incluirse en la próxima edición del informe.
En su respuesta, el comisario de Justicia afirma que «el informe sobre el Estado de Derecho se centra en cuestiones relacionadas con ese tema y en hechos importantes relativos al sistema judicial, el marco anticorrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y los controles y equilibrios institucionales».
Aunque destaca que «los capítulos de los países no pretenden describir exhaustivamente la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros, sino simplemente presentar hechos significativos», continúa informando que «algunos ámbitos tratados en el primer informe podrán seguir abordándose en los próximos años».
El comisario concluye su respuesta destacando que este informe es «uno de los elementos de un esfuerzo más amplio a escala de la UE para reforzar los valores de la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Debe considerarse complementario de otras iniciativas como el Plan de Acción para la Democracia Europea y la Estrategia para la Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales renovada».
La eurodiputada vasca ha expresado así su satisfacción por el contenido de la respuesta porque considera que «los problemas que describía en la pregunta ya están afectando a la calidad del estado de derecho en el Estado y reconocerlos y corregirlos es urgente».
Las condenas afectan casi siempre a las mismas instancias altos tribunales o tribunales especiales, afectan al trabajo y prestigio profesional de jueces que si han mostrado su compromiso con lacras como la tortura y ofrecen un panorama que no propicia la confianza entre sistemas judiciales que es la base del espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. Sentencias en las que se pretende hacer pasar un proceso político pacífico por una asonada militar van en la misma línea y, como hemos visto recientemente no se entienden en otros sistemas judiciales de la Unión Europea», ha añadido.
