La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de penas que oscilan entre 8 y 41 años de prisión para los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 por delitos entre los que no se incluyen los de asesinato.
La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé ha anunciado este jueves al tribunal que eleva a definitivas su petición de 41 años de prisión para Mohamed Houli Chemlal; 36 años de cárcel para Driss Oukabir y 8 años de prisión para Said Ben Iazza como colaboradores de la célula terrorista que atacó en Barcelona y Cambrils (Tarragona).
Así, atribuye a los dos primeros los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y modifica el delito de conspiración para cometer estragos terroristas, añadiendo que se ha cometido de forma continuada. En cuanto a Ben Iazza, acusa sólo del delito de colaboración con organización terrorista.
En este sentido, el Ministerio Público rechaza acusar por delitos de asesinato, como sí han hecho muchas de las acusaciones particulares y populares, al entender que los tres acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos.
Ello se debe a que los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en La Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de Cambrils murieron abatidos por agentes de la policía autonómica la misma noche o en días posteriores.
El escrito de acusación de la Fiscalía ha sido levemente modificado para cambiar el número de granadas de mano improvisadas que se creían que se habían fabricado en la casa de Alcanar que explotó un día antes de los atentados –en total son 17 y no 19– y para añadir en el relato de hechos las lesiones sufridas por un agente de los Mossos y la fecha en la que le fue concedida la incapacidad permanente total para su trabajo habitual, así como los daños materiales que sufrió.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
En cuanto a las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo –esta última también representa a 73 víctimas de los atentados–, también han elevado a definitivas su petición inicial de pena. Reclaman para Mohamed Houli Chemlal y para Driss Oukabir la pena de prisión permanente revisable por 15 víctimas mortales.
Además, ambas asociaciones también les reclama más de 2.000 años de cárcel a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones. Para Said Ben Iazza, la AVT solicita 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos, mientras que 11-M pide 30 años por los mismos delitos más otro de estragos a los que se añaden 34 delitos de lesiones ocasionados por los mismos.
Las acusaciones populares no son las únicas que piden la pena de prisión permanente revisable para Houli Chemlal y Oukabir, pues también lo solicita la acusación particular de algunas víctimas internacionales del atentado, representación que ejerce el despacho Fuster-Fabra Abogados, por el deltio de conspiración para cometer un delito de estragos de carácter terrorista. Esta acusación además pide 27 años de cárcel para Mohamed Houli Chemlal y 22 años de prisión para Driss Oukabir por pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos, mientras que reclama 8 años por colaboración con organización terrorista para Said Ben Iazza.
Por lo general, casi todas las acusaciones particulares han elevado a definitivas sus escritos de acusación, siendo unas pocas las que han retocado el relato de hechos probados y sus peticiones de penas. Ha sido el caso de las representaciones de Mossos d’Esquadra y bomberos heridos en la explosión de Alcanar, que han introducido dos delitos de muerte en grado de tentativa con carácter terrorista.
Así lo ha hecho también la Generalitat de Cataluña, aumentando su solicitud de pena de 44 a 97 años de prisión para Houli Chemlal y Oukabir, mientras que mantiene la petición de ocho años de cárcel para el tercer acusado.
En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, ha mantenido su petición de 95 años de cárcel para Houli Chemlal, 90 años de prisión para Driss Oukabir y 8 años para Ben Iazza; mientras que el consistorio de Cambrils, que solicitaba inicialmente prisión permanente revisable, finalmente pide 96 años de prisión para los dos primeros acusados, y 10 años de cárcel para Said Ben Iazza.
MANTIENEN DUDAS SOBRE LA MUERTE DEL IMÁN DE RIPOLL
Otra de las acusaciones que han introducido cambios en el relato fáctico de su escrito de acusación es la que ejerce Jaume Alonso-Cuevillas –diputado y abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont–, que representa a los padres del niño de tres años que murió tras el atropello en Barcelona–. Considera que no se ha podido demostrar en el juicio oral que el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, a quien se considera líder de la célula yihadista que atentó en Cataluña, muriera en la explosión de Alcanar.
Tampoco considera acreditada el fallecimiento del imán la defensa de Mohamed Houli Chemlal, que ha pedido la nulidad de las actuaciones. Asimismo, ha destacado la «colaboración activa» de este acusado en todo el procedimiento, identificando a todos los miembros de la célula terrorista.
La abogada Mari Carmen González ha subrayado que el acusado no era «líder, ni ejerció nunca toma de decisiones, ni actuó organizando plan alguno», sino que seguía «órdenes» del resto de integrantes «dominantes» del grupo porque tenía miedo por su vida y por la de su familia.
La letrada no ha negado que Mohamed Houli haya «cooperado» y «acompañado» al resto de miembros para la compra de material explosivo, pero en cualquier caso lo hizo porque «no tenía escapatoria», ha dicho. En este sentido, ha señalado que su patrocinado «no sabía elaborar explosivos ni participó en esas tareas».
Por ello, atendiendo a las atenuantes de confesión, reconocimiento de los hechos y colaboración con la justicia, entiende que se debe imponer a Mohamed Houli Chemlal la pena de cuatro años de prisión por el delito cooperación para el depósito de explosivos, aunque ha precisado que no se ha podido probar cuál era la intencionalidad de lo que se estaba fabricando en Alcanar porque los medios utilizados para hallar pruebas «supusieron mover y remover escombros y por ello no puede existir una fidelidad en concretar exactamente no sólo la cantidad de explosivos se encontraron sino todas las piezas de convicción que se hallaron».
En cualquier caso, rechaza la acusación de la Fiscalía porque, en su opinión, no se ha podido demostrar la participación de Mohamed Houli Chemlal en los atentados de Barcelona y Cambrils, ya que no sólo «desconocía» la intención de atentar, sino que cuando ocurrió, el acusado se «encontraba aislado y hospitalizado», al resultar herido en la casa de Alcanar. Ante la posibilidad de que sea condenado por estos hechos, la defensa solicita la pena mínima.
Las defensas de Driss Oukabir y Said Ben Iazza mantienen su petición de absolución por los hechos de los que han sido juzgados. El juicio se retomará el próximo lunes 25 de enero con la exposición del informe de conclusiones de la Fiscalía.
