La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, entre otras, ve posible mantener los precios de sus productos pese al reconocimiento de los costes de producción en los contratos a lo largo de la cadena alimentaria.
Así lo ha manifestado en el Congreso de los Diputados su director general, Ignacio García Magarzo, que en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ha expresado su «compromiso» de que la nueva regulación en la Ley de la Cadena Alimentaria para incorporar los costes de producción «no afecte ni perjudique a la producción nacional ni incrementando los precios».
«Desde la distribución se puede aplicar, se puede cumplir la ley», ha asegurado, replicando así los augurios de diputados, como la de Coalición Canaria, Ana Oramas, sobre un aumento de los precios: «Da por hecho que va a suponer un incremento de los precios. No podemos admitirlo, trabajaremos para que no sea así», ha zanjado.
En todo caso, sí que ha reconocido desde la entrada en vigor del decreto ley en febrero de 2020 «dificultades para entender cómo influye en el sistema de contratar», dejando claro, eso sí, «que se puede hacer y las empresas están comprometidas en cumplirlo». «Si a medio plazo eso es bueno para producciones en función de su eficiencia, no tengo capacidad de responder», ha apostillado.
«EL PRODUCTOR ES CLIENTE, NOS INTERESA QUE LE VAYA BIEN»
Preguntado por si este reconocimiento de costes afectará también al peso de la producción nacional en la oferta, ha asegurado que supone actualmente más del 90% y la distribución quiere que siga siendo así: «No tenemos interés en deslocalizar la producción, salvo por razones de estacionalidad», ha dicho, señalando que esta circunstancia «hace que muchas veces los propios productores produzcan fuera».
En este sentido, ha defendido «evitar cosas que enseñan las crisis» y ha aseverado que «no se puede poner el futuro de la comercialización de productos en otros países». «No tenemos ningún interés en aumentar el peso de productos que importamos. Los productores son nuestros clientes, nos interesa que les vaya bien», ha manifestado.
RECLAMA HABILITAR PROMOCIONES NO PACTADAS
Durante su comparecencia en la Cámara Baja, a la que ha acudido dentro de la ronda de comparecencias que la Comisión de Agricultura ha organizado para contar con la opinión del sector antes de debatir la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, García Magarzo ha expuesto dos cambios concretos que, a su juicio, deberían abordar los grupos en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
Es el caso de la regulación de la venta a pérdidas y también de la prohibición de comercializar promociones no pactadas, una prohibición que se extrae, ha reconocido «literal» del código de buenas prácticas que suscribe su propia patronal, pero que cree que «se hace de forma inadecuada» y «erróneamente».
Respecto a la regulación de la venta a pérdidas, ha lamentado la falta de concreción a la hora de prohibir «prácticas que perjudiquen la percepción del valor o la calidad de los productos», pues cree que con esta normativa «no se pueden diseñar promociones comerciales ni los funcionarios pueden corregir supuestas prácticas lesivas sobre la cadena».
En este sentido, considera que ambos artículos «no crean condiciones suficientes de seguridad jurídica», los ven «muy difícilmente aplicable» y esperan que la discusión parlamentaria modifique estos textos por «algo coherente, seguro y que permita trabajar».
Por otro lado, ha mostrado su conformidad con la centralidad que adquieren los contratos en la nueva regulación –«son el auténtico pilar que debe tirar contra las prácticas desleales»–, si bien ha señalado que la redacción propuesta puede acabar con un régimen específico en las relaciones entre los propios agricultores, y ha abogado por su revisión.
