Las organizaciones ambientales ANSE, Ecologistas en Acción, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula y Stipa han remitido un informe a la Consejería de Medio Ambiente donde identifican «el alcance de la problemática» que suponen las electrocuciones de fauna silvestre en la Región, y apuestan por una aplicación inmediata de la legislación para revertir la alta siniestralidad en los tendidos eléctricos.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, al año mueren en España más de 30.000 aves por electrocución, si bien algunos autores calculan que esta cifra podría multiplicarse incluso por diez, con lo que las entidades ecologistas consideran que se estarían electrocutando entre 600 y 6.000 individuos de diferentes especies de aves cada año.
A pesar de la incertidumbre en el número total de ejemplares afectados, para las organizaciones resulta evidente que la tasa de mortalidad es «inasumible» y supone la principal causa de muerte en muchas especies, particularmente en aves rapaces protegidas.
«Estas cifras contrastan con los ingresos declarados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, lo que indica que se trata de una grave problema que está infraestimado, seguramente sólo se estén registrado el 3 por ciento de los casos», han apuntado.
Ante esta situación han planteado diez medidas concretas que permitirían resolver la mortalidad de aves en los tendidos en un corto espacio de tiempo. La primera de ellas es la revisión y corrección de los tendidos ya existentes, especialmente los que atraviesen espacios protegidos y sus entornos.
También han propuesto la mejora de medios humanos y materiales de los agentes medioambientales para detectar los tendidos más peligrosos; la elaboración de un mapa de puntos negros de electrocución y colisión y la evaluación completa de líneas o de tramos extensos para minimizar el número de expedientes a tramitar.
Las medidas de las entidades ecologistas recogen además el traslado de las competencia de los expedientes a funcionarios jurídicos de Disciplina Ambiental, estableciendo dos posibles vías en función de titularidad: la apertura de un expdiente sancionador en caso de compañías de suministro y la instrucción de modificación para líneas privadas en la primera electrocución (aplicación Ley 26/2007).
Plantean, asimismo, la ilegalidad de los convenios establecidos con las compañías eléctricas para evitar la apertura de expedientes sancionadores; la ampliación del ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a todo el territorio de la Región y la integración del riesgo de electrocución en las revisiones trianuales de los tendidos por parte de Industria.
La exigencia de soterramiento de los nuevos tendidos, especialmente los de los nuevos proyectos de los parques solares y la aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución son otras de las propuestas.
Con estas medidas, las ONG ambientales consideran que los problemas de electrocución podrían resolverse en el plazo de tres años y suponiendo menos del uno por ciento los beneficios del sector eléctrico.
A cambio, según añaden, se obtendrían enormes beneficios en la conservación de la biodiversidad, minimizando la principal causa de muerte de especies protegidas y amenazadas (particularmente aves rapaces), minimizando los fondos públicos destinados a programas de recuperación y garantizando el bienestar humano a través de los servicios ecosistémicos que desarrolla este grupo.
