El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este miércoles una resolución que pide la reforma del marco de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para ampliar la lista de delitos por los que se debe proceder a la extradición automática de un sospechoso si así lo reclama la Justicia de otro socio de la UE, por ejemplo para incluir acciones violentas contra la integridad constitucional en un Estado miembro.
La resolución no vinculante del eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha sido aprobada con 444 votos a favor, 139 en contra y 106 abstenciones. Entre los votos en contra se cuentan los de los eurodiputados de Unidas Podemos, que lo consideran una «modificación peligrosa que resta garantías a los procesos de extradición», y de los partidos independentistas, ERC, JxCAT, Bildu, y del PNV.
«El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión y quedar impunes tras haber cometido delitos graves», ha destacado Zarzalejos.
En el caso de Unidas Podemos, el voto en contra se debe a que considera que la posición de la Eurocámara responde a la «instrumentalización por parte de la derecha española, que pretende cambiar la orden de detención europea basándose en un caso particular», según ha explicado la delegación en un comunicado.
Desde JxCAT, formación del expresidente de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont, sobre quien pesa una euroorden pendiente aún de resolución en Bélgica, se ha interpretado este informe como prueba de la «impotencia» de PP, Ciudadanos, PSOE y Vox por la negativa de tribunales en Alemania y Bélgica a ejecutar euroórdenes contra los líderes independentistas catalanes.
En un debate sobre esta reforma el pasado lunes, el comisario de Justicia, Didier Reynders, abrió la puerta a emprender revisión después de un análisis detallado que se ha comprometido a realizar sobre el funcionamiento de este instrumento y evaluar si hay margen de mejora.
En la misma ocasión, la vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles e Interior y eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, valoró que «la orden de detención europea necesitaba ser revisada para evitar la impunidad en el espacio Schengen, para proteger mejor a las víctimas en la UE y para mejorar las garantías de los sospechosos».
Entre las líneas de reforma apuntadas por los eurodiputados destaca la necesidad de ampliar la lista actual de 32 delitos previstos en la euroorden para la entrega automática del reclamado y reducir así los casos en los que las autoridades deben comprobar la doble incriminación –es decir, que el delito está tipificado en los dos países implicados– antes de autorizar la ejecución de la euroorden.
Así, los eurodiputados enumeran delitos para su incorporación en la lista tales como el ataque a la integridad constitucional de un Estado que implique el uso de la violencia, delitos ambientales, ciertas formas de evasión fiscal, delitos de odio, violencia de género o ciberdelitos como la usurpación de identidad, entre otros.
Así piden establecer que, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un Estado miembro deben ser reconocidas y ejecutadas directamente por otro estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos.
También apuntan que cuando un Estado miembro rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los Derechos fundamentales, deberá justificar con argumentos objetivos y factuales ese rechazo, para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito.
Además abogan por reducir para determinados delitos -como el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de niños o la pornografía infantil– el umbral de la pena de tres años a partir de la cual puede aplicarse la euroorden.
