La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido dejar este martes «absolutamente firme y claro» que el Ejecutivo no cree que se pueda comparar la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bruselas, con la de los republicanos que se exiliaron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, como afirmó este domingo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, generando duras críticas de la oposición y también en el PSOE.
Así lo ha asegurado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que no ha querido pronunciarse sobre si el PSOE debe apoyar en el Congreso la reprobación de Iglesias que ha pedido Ciudadanos por estas palabras. A este respecto, ha argumentado que deben ser los partidos los que en ese ámbito decidan su postura ante las iniciativas que presenten otros partidos.
PUIGDEMONT «QUEBRANTA» LA LEGALIDAD QUE LOS REPUBLICANOS DEFENDÍAN
Lo que sí ha querido dejar claro Montero es que para el Gobierno, el caso de Puigdemont no es equiparable al de los republicanos que dejaron España huyendo de las represalias del franquismo, porque ahora existe «una democracia plena», y porque a diferencia del expresidente catalán, los exiliados republicanos «defendieron la legalidad vigente y no la quebrantaron».
«Quiero trasladar con absoluta firmeza que España es un Estado social y de derecho y estamos en una democracia plena. Los exiliados republicanos lucharon y defendieron la legalidad vigente. Otros, la quebrantan», ha sentenciado, en referencia a Puigdemont.
Además, ha defendido que el Gobierno desde el primer momento ha querido «recuperar la dignidad de los exiliados republicanos» a través de diferentes medidas, como por ejemplo, la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos en la anterior legislatura del Ejecutivo del PSOE en solitario.
Y en cuanto a la petición de Ciudadanos para reprobar a Iglesias, Montero ha explicado que «no le corresponde a la mesa del Consejo de Ministros poner en valor la actitud que van a adoptar diferentes partidos en relación con cuestiones que se pueden suscitar en ese entorno», porque el Gobierno de coalición lo forman dos partidos políticos «que tienen cada una su forma de entender o de ver las cuestiones en el Congreso».
«Creo que he respondido con claridad ante esta cuestión y corresponde a los grupos parlamentarios cualquier decisión que sea a raíz de una iniciativa que presente cualquier formación en el marco del Congreso», ha zanjado.
