El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha tomado esta semana decisiones clave para el curso de la investigación que dirige sobre Podemos en el llamado caso ‘Neurona’. Ha terminado de depurar la denuncia que presentó el ex abogado del partido José Manuel Calvente para centrarse ya en exclusiva en el contrato firmado con la consultora política Neurona para las elecciones generales de 2019, que sospecha que pudo ser una simulación para desviar dinero de la cuentas ‘moradas’.
El caso parte de la denuncia que Calvente presentó en diciembre de 2019, tras llevar a cabo una «sigilosa» investigación interna junto a la hasta entonces responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los contratos electorales con Neurona y ABD; las obras en la nueva sede; la denominada ‘Caja B’; y la sustracción del disco duro del ordenador de Marta Flor, también abogada del partido.
Escalonilla investiga ya solamente el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 porque, según reiteró en un auto del 12 de enero, sospecha que «se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive».
El juez va más allá y apunta que esta presunta «distracción» de dinero de Podemos a Creative «no era en sí mismo el fin», recordando que Calvente advirtió de que el verdadero objetivo podría ser «financiar a partidos extranjeros, «la previa financiación ilegal del propio Podemos a través de microcréditos» o «para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan».
Por eso, el responsable del juzgado madrileño trata de averiguar si Neurona realmente hizo el trabajo para el que fue contratada. Podemos ha entregado al juzgado más de 1.400 documentos para probar que los servicios se prestaron, pero el juez ha ordenado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE) investigar los vídeos aportados, para conocer «la autoría y la fecha de su realización, y cuales otros datos informáticos se puedan obtener».
EL HILO MEXICANO
También sigue el rastro del dinero. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la contabilidad de Neurona de los años 2019 y 2020, ambos requeridos por el juez, reflejan que Podemos pagó los 363.000 euros del contrato electoral en varias transferencias, así como otros ingresos del partido a la consultora política, todo ello por un total de 425.443 euros. Cabe recordar que la formación ‘morada’ también contrató a Neurona para las elecciones municipales de 2019 en Madrid.
Los apuntes contables de Neurona, también muestran varias transferencias de la consultora política a Creative, a la que subcontrató para que fuera quien hiciera el trabajo contratado por Podemos. En total, hubo un trasvase de 307.000 euros de la primera a la segunda.
Escalonilla también ha comenzado a tirar del hilo mexicano. Así, en diciembre dictó una serie de diligencias de investigación en las que se interesó por Neurona Consulting, la matriz mexicana de Neurona Comunidad.
En concreto, pidió localizar a Germán Cobo, persona de enlace entre el administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón, y los socios mexicanos –Andrea Edlin López y César Hernández–; y Waldemar Aguado, uno de los trabajadores de Neurona que se habrían desplazado a España desde México para prestar los servicios contratados por Podemos, para poder interrogarles como testigos. Ambos residirían en México. También pidió investigar las cuentas bancarias de las que Neurona Consulting, Castejón y Cobo fueran titulares en España.
Vox, que ejerce de acusación popular, solicitó al juez que citara a declarar a César Hernández –socio mexicano de Neurona Comunidad–, si bien Escalonilla ha contestado que, encontrándose la presente causa pendiente de la práctica de diversas diligencias, y tal y como se ya se ha resuelto en anteriores resoluciones, se acordará sobre su práctica una vez realizadas tales diligencias, a los efectos de resolver sobre su condición procesal».
UN ARCHIVO PLAGADO DE REPROCHES
En otro auto del pasado martes, el responsable del 42 ordenó el sobreseimiento provisional de la investigación sobre las obras de rehabilitación que se llevaron a cabo en junio de 2019 en el edificio ubicado en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid para que se convirtiera en la nueva sede de Podemos. En este asunto, intentaba averiguar la razón de la diferencia entre el precio por el que se licitaron (649.000 euros) y por el que se adjudicaron (más de 1,3 millones de euros).
El juez ha dado carpetazo a este asunto porque no ha quedado acreditado que el dinero destinado a estas obras se utilizara para «pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación». Pese a lo cual ha reprochado al partido varias cuestiones, empezando por calificar de «insólito» que se adjudicarán por «más del doble» del importe inicial, aunque ha asumido la explicación dada por el arquitecto, Manuel García Campos.
Según García Campos, el baile de cifras se debe a que en el proyecto para obtener la licencia urbanística se ajustó a una tabla de precios de construcción de la Comunidad de Madrid, cuya última actualización databa de 2015 y, por tanto, no se ajustaba al valor del mercado, valor que sí quedó reflejado en el precio final. Esto ha motivado el segundo reproche del juez, que cree que se hizo así para pagar menos tasas y, por eso, ha ordenado dar traslado al Ayuntamiento de Madrid, por si tuviera que cobrar más por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
En un tercer tirón de orejas, Escalonilla ha señalado que «no existió una licitación pública real» de las obras porque Podemos hizo una «contratación directa» de las empresas que las realizaron, «incumpliendo de esta manera con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley Orgánica 8/2.007 de 4 de julio sobre financiación de partidos políticos». Sin embargo, ha aclarado que esto «no constituye delito alguno».
SIN MÁS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
De la misma manera, el martes archivó las pesquisas por revelación de secretos y vulneración de la intimidad. Aquí investigaba el supuesto acceso no autorizado al ordenador de Flor y la sustracción del contenido de su disco duro, que habrían consumado operarios informáticas a instancias –según Calvente– del secretario de Organización, Alberto Rodríguez, para evitar un eventual «chantaje» de ella. El juez ha apuntado que, sin denuncia ni de Flor ni del partido, que serían los perjudicados, no puede seguir indagando.
Ya había cerrado las investigaciones por la presunta administración desleal de los fondos de la Casa de Solidaridad de Podemos. En este tema, se interesó por 50.000 euros que se transfirieron desde esta supuesta ‘Caja B’ a #404 Comunicación Popular, una asociación vinculada a Rafael Mayoral. Para Escalonilla, no resulta «anómalo» que hubiera ayudas a «fundaciones o movimientos cercanos al partido.
Anteriormente, había cerrado asimismo la investigación sobre los contratos electorales firmados con Podemos con la consultora política ABD Europa, al considerar que el partido había logrado justificar «la realidad de la ejecución por parte de dicha entidad mercantil de los servicios que le fueron contratados», lo mismo que intenta ahora con Neurona.
