El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han dado luz verde este viernes 15 de enero al Plan de Choque de Dependencia, que aumenta la financiación, con una inyección de hasta 3.600 millones de euros hasta 2023, y que tiene objetivos como reducir las listas de espera de la Dependencia o mejorar los servicios y prestaciones para las personas dependientes.
En concreto, este Plan de Choque contempla para este año una inyección de más de 600 millones de euros en Dependencia: 283,2 millones del nivel acordado y el resto, del nivel mínimo (lo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente).
Además, en los presupuestos de 2022 y 2023 se incluirán nuevos aumentos acumulativos, por lo que el aumento total de la inversión en el Sistema de Dependencia durante estos años será de 3.600 millones de euros, según ha precisado el Ministerio de Derechos Sociales.
El Acuerdo para la puesta en marcha del Plan ha sido aprobado este viernes 15 de enero por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las CCAA, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID, LAS QUE MÁS RECIBEN
Según se desprende del documento, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades que más dinero recibirán del reparto del ‘nivel acordado’ del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, una vía adicional de financiación que fue suspendida por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, y que ahora se ha recuperado.
Entre las tres autonomías, recibirán del Estado 135 millones, casi la mitad del reparto del nivel acordado, que en total asciende a 283,2 millones de euros.
Por CCAA, de los 283,2 millones de euros del nivel acordado, la comunidad que más recibe es Andalucía (52,2 millones de euros), seguida por Cataluña (46,6 millones); Comunidad de Madrid (36,1 millones); Castilla y León (27,6 millones); Comunidad Valenciana (23,4 millones); Galicia (20,3 millones) y Castilla-La Mancha (16,2 millones).
Por detrás, se sitúan: Aragón (9,6 millones de euros); Canarias (casi 9 millones); Extremadura (8,7 millones); Región de Murcia (8,4 millones); Asturias (7,7 millones); Baleares (7 millones); Cantabria (6,5 millones), y La Rioja (3,9 millones).
«Tenemos por delante una importante tarea para poner en marcha este Plan, que se refleja en el intenso calendario de trabajo que hoy aprobamos», ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha presidido la reunión telemática de este Consejo Territorial.
A lo largo de este año, según ha añadido Iglesias, van a implementar «una evaluación completa del sistema de atención a la dependencia que permitirá cuantificar con exactitud las aportaciones de toda la inversión que se realiza en el sistema de cuidados a la actividad económica, el empleo y, finalmente, a la propia recaudación fiscal».
CRITERIOS DE REPARTO
En cuanto a los criterios de reparto, 45,3 millones de euros (16% del nivel acordado) se han repartido de acuerdo a la ‘población potencialmente dependiente’; y otros 14,2 millones (5%), teniendo en cuenta las resoluciones de grado de dependencia vigentes en cada comunidad autónoma.
Atendiendo al número de beneficiarios con alguna prestación, se han repartido casi 68 millones de euros (el 24% del nivel acordado), y 56,6 millones (20%), de acuerdo con el número de personas beneficiarias en cada comunidad con prestaciones de servicio efectivas: centro de día o noche, atención residencial, ayuda a domicilio, etcétera.
Otro de los criterios que el Ministerio ha tenido en cuenta para la distribución de los fondos es la inversión autonómica en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por el que se reparten 7,1 millones de euros (2,5% del nivel acordado). Mientras, a través del indicador ‘empleo relacionado con el SAAD’ se distribuyen otros 7,1 millones.
A estos se suman casi 4 millones de euros (1,4%) que se reparten de acuerdo con la extensión territorial de cada una de las comunidades autónomas y 1,4 millones más (0,5%), atendiendo a la dispersión de la población.
El Ministerio también ha tenido en cuenta la insularidad, por la que se reparten 1,4 millones de euros entre Baleares y Canarias; el coste de los servicios en cada CCAA, por el que se distribuyen 13,9 millones, y la capacidad económica de los hogares, por el que se reparten otros 13,9 millones de euros.
Otros criterios son: la agilidad administrativa de cada comunidad para resolver las solicitudes de dependencia, por el que se reparten 14,2 millones de euros; las personas pendientes de resolución (otros 14,2 millones de euros); y la resolución de la lista de espera, indicador por el que se distribuyen 22,1 millones.
En todo caso, la Vicepresidencia precisa que los valores económicos presentados son estimativos ya que para el cálculo definitivo se utilizarán últimos datos disponibles.
EN FEBRERO, PLAN PARA REDUCIR LA LISTA DE ESPERA
El acuerdo, fruto también del diálogo con los interlocutores sociales, contempla que, en el mes de febrero de 2021, se aprobará un plan específico para la reducción de la lista de espera, que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma y las medidas que deberán adoptar para lograrlo.
También establece que, a lo largo de este año 2021, se regulará la figura del Asistente Personal y se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.
Asimismo, el acuerdo dispone que a finales de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.
En concreto, el documento aprobado señala que, antes de finalizar el segundo semestre de 2021, el Consejo Territorial acordará los cambios que haya que introducir en las condiciones que debe cumplir este servicio, se abordará la definición de la «teleasistencia avanzada» y se analizará el papel que debe desempeñar en el sistema.
NÚMERO DE RESIDENCIAS EN ESPAÑA
Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales se compromete a cuantificar durante 2021 las residencias que hay en España analizando sus características (tamaño, residentes, profesionales, localización, etcétera).
Igualmente, el documento marca de plazo 2021 para revisar los copagos de personas dependientes y proponer algunos criterios comunes que podrían aplicarse a partir de 2022, planteando estudiar el mínimo exento en los copagos con objeto de aproximarlo progresivamente al umbral del 60% de la renta mediana –considerado el umbral por debajo del cual se está en pobreza relativa–.
Asimismo, se comprometen a paliar la «insuficiencia» en el número de profesionales en el sector de la Dependencia, «en parte derivada de las condiciones precarias»; y a diseñar un programa, dotado con 25 millones de euros, para la mejora de la cualificación del personal de los servicios de cuidados de larga duración y de los servicios sociales.
