Esade propone una batería de medidas para priorizar los fondos europeos en proyectos que maximicen la rentabilidad y aceleren la transición energética, como establecer peajes y restricciones al tráfico para los coches eléctricos, subir los impuestos a los hidrocarburos, exenciones en el IVA subir el IBI a hogares que no cumplan estándares energéticos mínimos e incentivos para la rehabilitación de viviendas, además de impulsar el I+D+i y la implantación de renovables.
Estas son algunas de las propuestas recogidas en el ‘policy brief’, elaborado por el Centro de Políticas Económicas de Esade, que dirige Toni Roldán, con el fin de ofrecer una guía para que la política económica pueda priorizar y afinar las decisiones de inversión en transición ecológica ante la recepción de 72.000 millones en transferencias de fondos europeos hasta 2023 y el Plan de Recuperación que implicará un mínimo de 26.640 millones de euros de inversión pública en transición ecológica para ese periodo.
Para que la transformación industrial pueda generar efectos positivos a largo plazo en la economía española, está deberá ir acompañada de una reforma fiscal que incluya mecanismos de compensación para los colectivos afectados, de formación de profesionales cualificados para abordar la transición y un decidido impulso a la innovación en materia medioambiental.
Esade ha identificado tres grupos de políticas, el primero formado por las medidas basadas en la instalación de energías renovables, ya que ofrecen «elevadísimos retornos» en términos de reducción de emisiones, creación de empleo a corto plazo y efecto arrastre sobre otros sectores, además de poder ser implementadas de manera inmediata.
Además, destaca que no tendrían por qué requerir inversión pública, sino que bastaría con un marco regulatorio -subastas- que permita a los inversores recuperar costes.
Para ampliar la instalación de energías renovables cree que se requiere un marco regulatorio que permita a los inversores recuperar sus costes, viendo las subastas son una opción, aunque cita otras como el fomento y garantía de los contratos de largo plazo, o el diseño del mercado eléctrico de forma que se puedan trasladar adecuadamente las estructuras de costes de las renovables.
En cambio, apunta que puede requerir apoyo público el despliegue de la capacidad industrial y de innovación necesario para que la instalación de centrales renovables no se haga fundamentalmente mediante importaciones, sino mediante producción nacional.
INCENTIVOS PARA LA RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
El segundo grupo de medidas lo compondrían las acciones de eficiencia energética en edificios (renovación) y el impulso del vehículo eléctrico, que «tendrían un elevado efecto arrastre y repercusión sobre el empleo y, a pesar de tener un menor impacto medioambiental, serían de rápida implementación».
Propone utilizar parte de los fondos europeos recibidos para ofrecer incentivos económicos «más atractivos», en la línea de las deducciones fiscales de hasta un 30% en obras de renovación con fines de ahorro energético a edificios de más de dos años, completándose con préstamos a tipo de interés cero o reducido («hipotecas verdes») e incluyendo criterios de renta.
También sugiere el desarrollo de un «pasaporte energético» que proporcione una hoja de ruta para la renovación por etapas de los edificios y viviendas; certificados, la extensión de auditorías energéticas obligatorias o incentivos económicos adicionales como la elevación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a hogares que no cumplan unos estándares energéticos mínimos.
En materia de transporte ve «clave» la fiscalidad medioambiental e insta a subir los impuestos a los hidrocarburos o un impuestos de matriculación más elevado para los vehículos contaminantes, así como establecer peajes de acceso y restricciones al tráfico o al aparcamiento en zonas urbanas, sobre todo para los vehículos más contaminantes.
En paralelo, recomienda promover la iniciativa privada para la generación de una red de recarga suficiente y el diseño de programas de incentivos económicos, como establecer exenciones al IVA o del impuesto de matriculación para los coches eléctricos, o una reducción de los peajes y tasas de aparcamiento en ciudades.
En cambio, ve «más polémicos» los habituales planes de ayudas a la compra de vehículos en España, como el Plan2000E o el Plan Pive, cuya experiencia a nivel internacional «no siempre ha mostrado buenos resultados», por lo que considera que «se ha de ser, por tanto, extremadamente cautos en su diseño y aplicación, ya que pueden ocasionar importantes distorsiones.
El último grupo constaría de medidas que mostrarían resultados a medio plazo, pero con un elevado potencial de creación de empleo y unos buenos resultados en términos medioambientales: rehabilitación de espacios naturales y medidas de adaptación al cambio climático (reforestación, restauración del litoral y de humedales, gestión del agua) y reducción de emisiones y medidas de eficiencia energética en los sectores agrícola, ganadero y de gestión de residuos.
