La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este miércoles avanzar hacia permisos por nacimiento y cuidado de hijos de seis meses para ambos progenitores, tras la entrada en vigor el 1 de enero de la equiparación de las bajas por paternidad a las de maternidad al elevarlas a 16 semanas.
«Tenemos que avanzar hacia permisos más largos, mínimo de seis meses para cada progenitor. Tengan o no las mujeres que dar leche materna; los permisos tienen que ser ampliados y hay que hacer mucho trabajo», ha asegurado la titular de Igualdad en una entrevista en Radiocable.
Montero ha defendido la equiparación de los permisos para padres y madres para «equilibrar» el reparto de cuidados de los hijos y evitar que la maternidad «sea algo que penalice a las mujeres en el mercado laboral».
En su opinión, la aprobación de «permisos iguales e intransferibles era una demanda fundamental», pero ha apuntado como otro «gran debe» de la sociedad española «la forma en la que se ha tratado a la infancia y el derecho de la mujer a elegir su proyecto de maternidad».
En este sentido ha defendido la ampliación de las bajas de paternidad, porque «la mayoría de mujeres se enfrentan a una discriminación poderosísima por el hecho de ser madres y lo urgente era equiparar esos permisos».
Montero ha reconocido, no obstante, «los problemas de la maternidad vienen derivados también de cómo la sociedad concibe los usos del tiempo, porque no está organizada atendiendo a que todas las personas tienen necesidad de cuidar y ser cuidados en su vida» y ha apuntado la necesidad de realizar «cambios muy profundos que deben concretarse en políticas públicas».
‘LEY TRANS’
Por otra parte, la titular de Igualdad ha defendido la llamada ‘ley trans’ que prepara el gobierno y ha recordado que en España la legislación de 2007 «ya reconoce la transexualidad y hay personas que tienen una identidad de género diferente a la que le asignaron al nacer».
En esta dirección, la ministra ha asegurado que la actual legislación está desfasada «en cuanto a los estándares internacionales» y ha mencionado que el Tribunal Constitucional ha indicado la necesidad de modificarla «para garantizar los derechos de las personas ‘trans'».
En cuanto a las reticencias de colectivos feministas en relación al concepto de autodeterminación de género, ha confiado en lograr «un amplio consenso» en torno a la reforma y ha garantizado que se reunirán con las organizaciones de la sociedad civil.
«Lo hacemos de forma habitual y es una obligación, cuando elaboras un proyecto legislativo, hacer un trámite de consulta previa en el que todas las organizaciones pueden participar». «No solo es una cuestión de voluntad, sino una obligación y cumplimos con esas obligaciones a rajatabla», ha concluido.
