Más de 100 organizaciones de todo el país han registrado una petición al presidente del Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio de Derechos Sociales en la que les instan a que pongan fin a la interrupción del suministro eléctrico que vienen sufriendo al menos 12 barrios de toda España.
Asimismo, la organizaciones critican «el posicionamiento de las administraciones públicas del lado de los intereses privados de las compañías eléctricas, rindiéndose ante un discurso simplista, desoyendo sus obligaciones con la ciudadanía y alejándose de la protección de los derechos fundamentales».
Las organizaciones han denunciado que «las compañías eléctricas dejan sin suministro de manera permanente o repetitiva» a distintos puntos del territorio español, como a La Cañada Real (Madrid), el Distrito Norte (Granada), Font de la Polvora (Girona), El Puche, La Chanca y El Quemadero (Almería), de Sant Roc (Badalona), el Polígono Sur, El Cerro del Águila, El Tardón y Torreblanca (Sevilla) o Culubret (Figueres).
«Mientras tanto, las compañías aumentan sus beneficios millonarios, suben el precio de la luz un 27%, son señaladas por posibles violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y cientos de familias son privadas de sus derechos fundamentales al carecer de suministro», sostienen los denunciantes.
En su comunicado, las organizaciones advierten de que «las administraciones públicas asumen y comparten el discurso de las eléctricas, vinculando de manera vaga y generalizada la ausencia de suministro con el cultivo de marihuana».
En este sentido, las entidades sociales critican que «las eléctricas tienden a criminalizar y responsabilizar a los vecinos de estos barrios, dejando al margen del discurso factores como la ausencia o antigüedad de las infraestructuras eléctricas en estas zonas o su obligación de garantizar un servicio a sus clientes».
Por ello, las organizaciones consideran que una «explicación real de los cortes de luz exige una mirada más amplia de la que se está mostrando» y advierten de que criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social, y resulta profundamente injusto y estigmatizador».
De este modo, destacan que el Defensor del Pueblo se haya pronunciado varias veces al respecto de los argumentos expuestos por las compañías eléctricas y las administraciones, expresando que resultan «falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia».
Por ello, Fernández Marugán ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para tratar este asunto con un enfoque «más veraz y respetuoso con la dignidad de todos». Del mismo modo, recuerdan que recientemente distintos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron que «la falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación».
Sin embargo, según sostienen en su comunicado, «a pesar de la crítica situación en la que se encuentran miles de familias por los continuos cortes de suministro eléctrico, las administraciones públicas siguen sin preocuparse por la salud, la vida digna y el bienestar de las familias de estos barrios».
En su opinión, el papel de las administraciones pasa por garantizar que «todas las personas tengan derecho a una vida digna, lo que incluye el acceso a los suministros básicos de energía eléctrica». En su opinión, el resto de situaciones deben ser tratadas en su complejidad de forma separada como «la vulnerabilidad socioeconómica, la ausencia de perspectivas laborales para parte de la población y el cultivo de marihuana, todos temas difíciles y que exigen un abordaje profundo y multidimensional».
