El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que actualizan el marco contable y de auditoría para adaptarlo a la normativa europea y mejorar la confianza de los inversores y la fortaleza de los mercados de capitales.
Uno de los reales decretos aprueba el reglamento que desarrolla la ley 22/2015, de auditoría de cuentas, mientras que el segundo aprueba el Plan General de Contabilidad.
Según ha avanzado la ministra portavoz, María Jesús Montero, se trata de dos textos normativos que adaptan las leyes españolas a la normativa europea y modernizan los sectores de la auditoría y la contabilidad.
El reglamento que aprueba el primer real decreto detalla las condiciones, requisitos y formalidades que deben cumplir los profesionales de la auditoría, contribuyendo así a incrementar la fiabilidad en la información financiera que se audita y en la que confían los terceros que actúan en el mercado.
Para fortalecer la independencia de los auditores, establece los mecanismos para evitar conflictos de intereses, así como los requisitos necesarios de documentación en los papeles de trabajo del encargo del análisis de las amenazas a la independencia y las posibles medidas de salvaguarda adoptadas.
También se establece el detalle de las reglas de cómputo para determinar los límites a la dependencia económica por alcanzarse un determinado nivel de concentración de honorarios.
En cuanto a la transparencia sobre el trabajo de los auditores, la normativa establece un conjunto de requisitos de publicidad, entre los que destacan la obligación de emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público y la obligación de publicar los resultados de las inspecciones periódicas llevadas a cabo a esos auditores por parte del ICAC.
La modificación del marco de auditoría completa la normativa derivada de las reformas normativas en el ámbito de la Unión Europea adoptadas como consecuencia de la anterior crisis financiera, integradas por la Directiva 2014/56. Estas normas tuvieron su transposición en España a través de la ley 22/2015 de auditoría de cuentas, que estaba pendiente del necesario desarrollo reglamentario, al que se da cumplimiento con este real decreto.
Según ha resaltado el Ministerio de Asuntos Económicos, el objetivo fundamental del nuevo marco es aumentar la confianza en esta actividad y la credibilidad del informe de auditoría, reforzar la transparencia en la actuación de los auditores, su independencia y la mejora de la calidad, así como impulsar una supervisión pública uniforme en todo el conjunto de la Unión Europea.
«Esta actividad de auditoría de cuentas cumple una importantísima función pública y, por tanto, es necesario mantener un marco normativo que esté modernizado y que se enmarque en el contexto de la normativa europea para ofrecer confianza a las empresas que son auditadas y, sobre todo, a las empresas terceras que actúen en el mercado y que confían en la información que ofrecen los auditores», ha explicado Montero.
ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
En cuanto al segundo real decreto aprobado este martes, su objetivo es actualizar el Plan general de Contabilidad que rige al sector empresarial, lo que «supone un paso importante en la estrategia de convergencia del Derecho español con las normas financieras internacionales y, en particular, las europeas», ha apuntado Montero.
Dicho texto normativo permitirá a las sociedades de grupos cotizados aplicar en sus cuentas anuales un marco de información financiera que sigue los criterios contables internacionales, lo que permite disponer de «una normativa contable interna independiente y autónoma por los relevantes efectos fiscales y mercantiles que produce, pero al mismo tiempo adaptada a las NIIF-UE».
La adaptación no resulta de aplicación a las pymes, que están sujetas a un régimen simplificado de presentación de informes, ni a las entidades financieras, que tienen un marco contable específico elaborado por el Banco de España.
En definitiva, la portavoz del Gobierno ha asegurado que los dos reales decretos aprobados ofrecen certidumbre y mejoran la reputación y la confianza de los inversores del tejido productivo español.
En el proceso de elaboración de las dos normas han participado los supervisores del mercado financiero y los profesionales de auditoría a través de las corporaciones que les representan, el Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
También profesionales del ámbito universitario y de las Administraciones Públicas y representantes de inversores y empresas, además de su debate en el Comité Consultivo de Contabilidad y la conformidad del Consejo de la Contabilidad. «Esto garantiza la calidad del texto aprobado, al incorporar consideraciones de todas las partes afectadas por el mismo», ha asegurado el Ministerio.
