El Colegio de Trabajo Social de Madrid ha advertido este lunes de las consecuencias de la vulneración de derechos, especialmente los relacionados con la vivienda y el acceso a la energía y suministros básicos, durante el temporal ‘Filomena’ que ha afectado a gran parte del país y en los próximos días con la ola de frío.
A su juicio, esta situación vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de blindar derechos como los antes mencionados y realizar políticas sociales «coherentes» con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
El Colegio exige al Ejecutivo y el resto de administraciones que encuadren la situación actual con la crisis residencial «sin precedentes» que, a su juicio, vive España en «los últimos años», con «altos precios de la vivienda», «sobreendeudamiento», «desahucios», «infravivienda», o «problemas de salud relacionados con las condiciones de habitabilidad», entre otros asuntos que, a su juicio, provocan la «exclusión de las personas más vulnerables».
Estas situaciones, explican, son las que se atienden desde el sector de los servicios sociales pero, según señalan, deben ser evitadas desde unas políticas de vivienda integrales e integradoras.
LA SITUACIÓN DE LA CAÑADA REAL
«En esta ola de frío se presta más atención mediática a la cara más extrema de la exclusión residencial como es la de las personas que viven en la calle», indica el Colegio que, sin embargo, llama a no olvidar que «el sinhogarismo es un problema estructural cuya erradicación pasa por garantizar el derecho a la vivienda y por generar soluciones a largo plazo» y a través de «las políticas de vivienda».
En este sentido, se ha referido al caso de la Cañada Real Galiana (Madrid), cuya situación de exclusión se ha visto «agravada» por el temporal y la ola de frío. Desde el Colegio informan que en torno a 4.500 personas, de las cuales más de 1800 son niñas y niños, llevan sin luz desde octubre.
«Una vulneración de derechos, en este caso la garantía del suministro, muy ligada al problema de la vivienda», advierten los trabajadores sociales de Madrid, antes de indicar que «las consecuencias sociales y sanitarias para su población están siendo muy graves».
PROPUESTAS
Ante esta situación, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid reclama a las administraciones públicas la adopción de medidas en materia de vivienda que permitan garantizar su derecho. Así, pide a la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, una Ley de Derecho a la Vivienda que proteja en especial a las personas más vulnerables a través de la generación de un parque de vivienda pública y de vivienda asequible adaptado a sus necesidades residenciales.
Del mismo modo, llama a abordar la situación de las personas que viven en la calle a través de soluciones basadas en la vivienda, transformando el sistema actual de atención; y también pide garantizar el derecho a los suministros básicos.
