La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) ha reclamado al Gobierno que acometa «cuanto antes» un plan estatal de infraestructuras capaz de reorientar el modelo productivo del país hacia un crecimiento sostenible e inclusivo y movilizando inversión pública y privada para facilitar una rápida salida de la crisis.
El sindicato manifiesta que, a pesar de los 11.500 millones de euros que destinan los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a las infraestructuras, las necesidades del país requieren de medidas «más ambiciosas» para alcanzar un modelo productivo más eficiente.
En este sentido, considera que la crisis provocada por el Covid-19 debe entenderse «como una oportunidad para reforzar las infraestructuras y la capacidad logística, adaptarlas a las necesidades territoriales y enmarcarlas en una política industrial coherente».
Para ello, UGT cree que hay que crear planes de inversiones en infraestructuras que permitan aumentar y mantener constante el esfuerzo inversor tanto para el desarrollo de nuevos proyectos como para el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes.
Desde UGT-FICA consideran «imprescindible» que la inversión se concentre en los próximos años en los proyectos con mayor potencial tractor y efecto multiplicador, con atención a las especificidades del tejido económico productivo de las diferentes comunidades autónomas y generando empleos de calidad en sectores de alta cualificación.
En el ámbito de la vivienda, la fuerza sindical cree que el Estado debe recuperar su papel de moderador del mercado inmobiliario a través de la construcción de vivienda protegida, tanto para compra como para alquiler, y acabar con la especulación.
UGT también ha reivindicado una estrategia integral de rehabilitación de viviendas, dado el alto índice de deterioro en el parque de viviendas y a las carencias en los requerimientos de eficiencia energética, habitabilidad o accesibilidad.
«Una estrategia que se haría extensiva a edificios, barrios y zonas degradadas de las poblaciones, tanto urbanas como rurales, en la que confluirían las distintas políticas y se integraría la actual normativa dispersa con criterios homogéneos en todos los territorios», concluye el sindicato.
