La asociación del ocio nocturno y el espectáculo, Spain Nightlife, y Fecasarm se han personado este lunes como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por la ‘rave’ en Llinars del Vallès (Barcelona).
Según un comunicado este lunes, las patronales del ocio nocturno se encuentran a la espera de ser aceptadas como acusación, y el Juzgado de Instrucción 1 de Granollers (Barcelona) ha decretado la libertad provisional con cargos a los dos acusados tras haber declarado la mañana de este lunes.
En el escrito de personación, la asociación ha alegado que «el sector del ocio nocturno profesional se encuentra totalmente legitimado para comparecer en las actuaciones y solicitar la máxima pena prevista en el Código Penal para los presuntos autores de los hechos, siempre que se demuestre su participación».
«TODO VA A QUEDAR EN NADA»
Han explicado que se ha provocado «un gravísimo daño a la imagen del sector profesional» y que se ha puesto en grave riesgo la salud pública, y han afirmado que no se va a cumplir ninguna pena de cárcel ni se va a pagar ninguna sanción.
El presidente de Spain Nightlife, José Luis Benítez, ha declarado: «La experiencia nos ha enseñado que estos temas suelen terminar sin cumplimiento efectivo de pena de cárcel. Nos tememos que el procedimiento terminará con la imposición de una pena mínima, que se va a suspender, todo va a quedar en nada».
La asociación ha afirmado que la única solución es «que el Código Penal español contemple como delito contra la salud pública las conductas relacionadas con la propagación de enfermedades y epidemias» como hacen otros países.
Spain Nightlife ha solicitado al Gobierno Central que impulse la reforma del Código Penal, a través de la aprobación del correspondiente proyecto de Ley, para que conductas similares «queden tipificadas como delito de peligro abstracto y que contemplen una pena alta».
FALTA DE RESPETO
El secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha explicado: «Desde las patronales del sector consideramos una falta de respecto que, mientras todos los locales de ocio nocturno de España permanecen cerrados, otros estén organizando fiestas ilegales por todo el territorio y que estas conductas no sean perseguidas y sancionadas duramente».
La asociación ha manifestado un «descontento con la actuación de la Generalitat ya que se negoció con los ilegales cuando con el sector legal nunca se negocian las restricciones y, por otra parte, se actuó 36 horas tarde» y podrían haber empeorado los datos epidemiológicos.
