La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de ocho años de cárcel, trece años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada y seis años de cárcel par otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).
Se les acusa, según una nota de prensa distribuida por la Fiscalía General del Estado, de los delitos continuado de prevaricación de los artículos 74 y 404 CP en concurso ideal del art. 77 con un delito continuado de malversación de caudales públicos de los arts. 74, 432 y 433 (alternativamente, con un delito continuado de fraude a la Administración Pública de los arts. 74 y 436), todos ellos del CP vigente al tiempo de los hechos.
Esta empresa pública se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
Junto a Prada, presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación) dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). Este último está también imputado en el denominado ‘caso Tándem’ sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
En relación con la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía solicita la remisión de testimonio de la sentencia que se dicte al Tribunal de Cuentas, para su valoración.
RELATO DE LA FISCALÍA
Según el relato de la Fiscalía, el proyecto de la Ciudad de la Justicia tuvo por finalidad la construcción de un complejo de edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Para la ejecución del proyecto se constituyó la sociedad anónima Campus de la Justicia (CJM), que comenzó a operar en enero de 2005 con capital cien por cien de la Comunidad de Madrid y cuyo objeto social era el desarrollo y ejecución de los planes, programas y actuaciones para la realización y gestión del Campus de la Justicia de Madrid.
La previsión monetaria de ingreso por venta de inmuebles judiciales era en torno a 200.000.000 euros. Sin embargo, solo dos operaciones llegaron a realizarse: la venta del inmueble ubicado en la calle Fernández de la Hoz número 35 de Madrid, en mayo de 2005 por 13.548.000 euros y la venta del inmueble ubicado en la calle Hernani, número 59 de Madrid, en octubre de 2006 por 62.100.000 euros.
Así, el capital con el que se constituyó la sociedad fue de 7.350.000 euros si bien en 2006 tuvo una ampliación por 37.289.000 euros y pasó a tener de capital social 44.639.000 euros cifra que se mantenía a finales de 2008.
Añade la Fiscalía que entre 2005 y diciembre de 2008 la capacidad financiera real de CJM no superaba los 121.657.728 euros, y pese a ello el total comprometido a través de contratos de CJM en ese mismo periodo fue muy superior. Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid, ascendió a 355.577.355,92 euros.
VIAJES PAGADOS CON TARJETA
Además, la Fiscalía concreta que los gastos de CJM fueron efectuados por transferencia bancaria, pagos en efectivo y mediante tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta incluían los relativos a viajes en los que no había justificación de su finalidad institucional, al no existir documentación soporte de la realización de los desembolsos con cargo al erario público.
Tampoco en materia de personal se halló justificación documental de aspectos relevantes como el procedimiento para la elección de las personas, la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad o la publicidad de los procesos de contratación.
Junto a las consideraciones específicas respecto a gastos concretos como los anteriormente descritos, la instrucción ha acreditado según destaca la Fiscalía la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas.
El proyecto de terminar con la dispersión de sedes judiciales de la Comunidad de Madrid concentrándolas en una sola sede, durante los dos años y medio de la primera etapa de CJM debía adecuarse a la normativa estatal y autonómica. Sin embargo, los acusados concertaron contrataciones de CJM «con deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución».
De este modo se produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento, apunta el escrito y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo. Entre las conductas irregulares, inexistencia de informes de necesidades a satisfacer, incorrecta definición del objeto del contrato, criterios de valoración poco precisos o inexistencia de estudio sobre el coste del contrato salvo en los contratos de obra.
Igualmente se ha acreditado conocimiento de las ofertas económicas antes o simultáneamente al conocimiento de las ofertas técnicas, inexistencia de participación de la Mesa permanente de contratación y la utilización sistemática de procedimientos negociados y menores con evidente fraccionamiento.
En la actualidad, concluye el informe, del proyecto diseñado quedan túneles de intercomunicación de edificios, un edificio inacabado, una pluralidad de maquetas de edificios, libros y folletos.
Sobre los fondos de los que dispuso la sociedad, la Fiscalía apunta que fueron aportados por la Comunidad Autónoma de Madrid, bien mediante aportación dineraria, bien de bienes inmuebles judiciales. La Comunidad de Madrid percibió también fondos del Estado.
En concreto, el importe que la Comunidad Autónoma de Madrid recibió del Ministerio de Justicia en ejecución de la norma referida ascendió a 9.916.680 euros en tres anualidades sucesivas, 2008, 2009 y 2010, quedando pendiente la cuarta y última fracción del importe total establecido, 13.222.266,30 euros.
La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el CJM que arrojaba diversas irregulares.
Según el auto que dictó el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata era Prada quien en última instancia tomaba todas las decisiones, «se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos del CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».
Añadía que «corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación» de contratos, «quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos».
