El director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, ha informado de que el dispositivo para desalojar la ‘rave’ de Llinars del Vallès (Barcelona) será lento para poder identificar a los cerca de 300 participantes: «De aquí, se irán todos sancionados».
En declaraciones a los medios en el exterior de la nave, ha explicado que los asistentes recibirán denuncias de hasta 3.000 euros, mientras que para los organizadores la multa podría alcanzar los 600.000 euros «por incumplir la normativa del Covid».
«Además, habrá toda la parte de tráfico, que son los controles que se están haciendo», por lo que si dan positivo en el test de alcoholemia y drogas también serán sancionados.
Ha asegurado que los Mossos d’Esquadra no pudieron evitar la reunión de los asistentes en la nave la noche de fin de año porque en total habían «3.000 agentes en toda Catalunya que se dedicaron a garantizar la seguridad de 7,5 millones de habitantes».
El dispositivo del 31 de diciembre contemplaba inspecciones en locales y controles dinámicos, además de la necesidad de garantizar el confinamiento perimetral de las comarcas de la Cerdanya y el Ripollès: «Pero estos ilícitos penales, desafortunadamente, no los podemos evitar todos».
«Lo que es evidente es que una actuación precipitada pocas horas después de un dispositivo de fin de año, con la magnitud de hoy de 200 agentes, ayer no se habría podido producir con garantías» ni para los agentes ni para los policías, ha opinado.
DESALOJO
El desalojo de la ‘rave’ ha empezado este sábado hacia las 11.30 horas de la mano de los Mossos d’Esquadra y Policía Local, que han acudido al lugar con numerosos efectivos y furgones policiales.
La fiesta se estaba celebrando desde la noche de fin de año en una nave abandonada del municipio, sin respetarse ninguna de las medidas sanitarias y de seguiridad ante el Covid-19.
INTERIOR Y SALUD
Según fuentes de la Conselleria de Salut, la titular del departamento, Alba Vergés, solicitó el viernes a la Conselleria de Interior que identificara a los participantes de la fiesta, que se impusieran las sanciones correspondientes y que se iniciaran las actuaciones de desalojo.
«Es exactamente lo mismo que se ha hecho en otras fiestas que incumplían la normativa. Nunca hasta ahora nos habían pedido un protocolo para actuar», han detallado las mismas fuentes.
Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado en un tuit que revisará con la Conselleria de Interior como se han desarrollado los hechos para «evitar que vuelva a pasar una situación de estas características y para que las actuaciones sean más rápidas».
