Vox ha expresado su desaprobación por el ofrecimiento del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a que Castilla y León acoja a 25 menores no acompañados que se encuentran en Canarias tras llegar a territorio español de manera irregular porque considera que la oferta para el acogimiento de estos menores «o de cualquier otro inmigrante llegado a cualquier punto de España de forma ilegal» supone admitir la asunción del incumplimiento de las normas y las leyes para la entrada en el país.
La representación de Vox en las Cortes, donde cuenta con único procurador, Jesus María García-Conde del Castillo, ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press que las palabras de Igea «no muestran otra cosa que la deriva de la veleta naranja, que ha pasado de un espectro liberal a querer encabezar la carrera por el discurso progre, como ellos mismos admiten».
Por ello, ha expresado su «más rotundo desacuerdo» con esta solicitud, «ya que supone el admitir la asunción del incumplimiento de las normas y leyes destinadas a regular la entrada en nuestro país para dar prioridad al discurso demagógico que tanto le gusta al vicepresidente de la Junta».
En esta línea, Vox ha afirmado que la mayoría de los inmigrantes ilegales llegados a Canarias procede de Argelia y Marruecos, donde «no existe ninguna razón legal (persecución o guerra) para poder acogerse a asilo» y con los que España tiene tratados de extradición.
Por ello, exige que se cumpla la ley, como con cualquier otro inmigrante irregular, se le documente y el país de destino acepte recibirlo y recuerda que, al tratarse de menores, hay que localizar a los familiares o tutores y garantizar que estos les darán la protección a la que tienen derecho, según la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, recientemente ratificada y con compromiso explícito de cumplimiento por las Cortes de Castilla y León.
Además, ha añadido que si la Junta de Castilla y León ejerciera, como solicita el vicepresidente de la Junta, ejercer la tutela de estos menores y dejarlos sin la protección de sus padres o tutores, «podría acarrear responsabilidad penal sobre la propia Junta».
