La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha multado con 295.000 millones de pesos colombianos (unos 70 millones de euros) a la constructora brasileña Odebrecht, a las compañías colombianas Corficolombiana, Episol y la concesionaria de la Ruta del Sol y a Gabriel Ignacio García Morales (como agente del mercado), ex viceministro de Transporte, por idear y ejecutar un «sistema restrictivo» de la libre competencia durante la adjudicación y ejecución del contrato del segundo tramo de la Ruta del Sol.
Al mismo tiempo, se han aplicado diferentes multas para varios empresarios de Odebrecht y Corficolombiana. Por parte de la constructora brasileña, se encuentran los directivos Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Yezid Augusto Arocha Alarcón. Por parte de la sociedad colombiana, la SIC ha multado a José Elías Melo, expresidente de la compañía.
Según ha informado en un comunicado la SIC, en una primera fase se incluyó un acuerdo «anticompetitivo» a favor de la concesionaria de la ruta, mientras que, en una segunda fase, los implicados idearon una red de reembolsos y pagos irregulares, que se materializaron a través de la instrumentalización de diferentes contratos.
Esta acción permitió dividir los costes derivados del pago del acuerdo anticompetitivo, así como desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con el fin de obtener los mayores beneficios posibles.
La investigación, según la SIC, contó con la colaboración del exviceministro de Transporte colombiano, que actuó como delator y confesó las conductas que violaban el régimen de libre competencia de la Ruta del Sol tramo 2.
«El sistema ideado e implementado para violar la libre competencia tuvo como contexto el esquema de corrupción desplegado por Odebrecht a nivel mundial que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países», ha detallado el comunicado de la SIC.
En este contexto, Odebrecht, Corficolombiana y Episol sobornaron a Gabriel Ignacio García Morales con 6,5 millones de dólares (5,3 millones de euros) para influenciarle y aprovecharse de su posición privilegiada. Así, desplegaron una serie de reuniones ilegales y secretas para definir y concretar el acuerdo ilegal a través del pacto de una retribución económica para la adjudicación del contrato.
Los pagos a García Morales como contraprestación por los compromisos adquiridos y ejecutados en virtud del acuerdo anticompetitivo fueron programados entre marzo y septiembre de 2010 con el «nombre clave de costeño».
Por otra parte, las empresas contaron con la participación del exsenador colombiano Otto Nicolás Bula, a quien se le encomendaron «gestiones» para obtener la adición contractual y evitar los riesgos que se le presentaban a la concesionaria de la ruta de competir en un proceso de licitación pública. Bula pactó una contraprestación equivalente al 1% del valor de la adición contractual, que ascendió a una suma de 4,6 millones de dólares (3,7 millones de euros).
Al igual que ocurrió con el pago a Gabriel Ignacio García Morales, los pagos fueron realizados en cuentas de empresas en el exterior y con recursos no contabilizados vía ‘offshore’.
