El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de este miércoles un acuerdo por el que se van a invertir 258,9 millones de euros en las seis universidades públicas de la región.
El objetivo, tal y como ha detallado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en rueda de prensa, es que lo destinen, principalmente, a transformación digital y ecológica e infraestructuras científico-tecnológicas.
Según este acuerdo, la distribución del pago por universidades se hará abonando 136,7 millones de euros para la Universidad Complutense de Madrid, 18,6 millones a la Universidad Autónoma de Madrid, 47,4 millones de dirigidos la Universidad Politécnica de Madrid, 18,4 millones para la Universidad Carlos III, 30,9 millones destinados la Universidad Rey Juan Carlos y 6,7 millones de euros para la Universidad de Alcalá.
Mediante los acuerdos que se firmarán en los próximos días entre ambas partes, tanto la Comunidad de Madrid como las universidades públicas se comprometen a realizar determinadas actuaciones. Por un lado, la Comunidad de Madrid compensará en un único pago a realizar en el 2020 estas cantidades, mientras que las universidades públicas tendrán que destinar estos fondos en los próximos cuatro años.
Irán dirigidos a proyectos relacionados con la transformación digital, la transformación ecológica y la infraestructura científico-tecnológica para el fortalecimiento y mejora del equipamiento científico-tecnológico, su renovación, gestión y mantenimiento.
Con esta inversión que va a efectuar el Gobierno regional, se compensan las cantidades que tenían pendientes las universidades públicas de la región en cuanto a becas de matrícula y bonificaciones, así como exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.
Las universidades públicas tienen reconocida autonomía económica y financiera; y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades les reconoce el derecho a consignar en sus presupuestos las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos. La principal manifestación de exenciones y reducciones en materia de precios públicos universitarios la constituyen las becas de matrícula y las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES
Las universidades deberán presentar, antes del 1 de diciembre de cada año de vigencia de los acuerdos, una memoria descriptiva de las actuaciones llevadas a cabo en el año en desarrollo de las líneas de actuación a las que se comprometen con la referencia a su correspondiente importe. Para el seguimiento de cada uno de los acuerdos se constituirán comisiones mixtas integradas por tres representantes de cada una de las partes firmantes.
Las comisiones se reunirán, como mínimo, una vez al año para analizar la documentación aportada por la respectiva universidad y para adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en cada acuerdo.
Asimismo, propondrán a los órganos competentes de la Comunidad de Madrid y de cada universidad firmante las medidas que considere necesarias en relación a las cuestiones que se susciten durante la vigencia de los acuerdos.
