El Gobierno se compromete a rendir cuentas cada tres meses en la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes sobre el desarrollo de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que canalizará los fondos europeos y aprobará, junto al real decreto-ley de reforma de la Administración, otros dos para crear una unidad de seguimiento del plan en Presidencia del Gobierno y otro para modificar la estructura del Ministerio de Hacienda.
Así lo han señalado fuentes gubernamentales después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al real decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública que elimina los ‘cuellos de botella’ y trabas de la Administración con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos de los fondos europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque servirá para todo tipo de fondos europeos que pueda recibir España en el futuro, como los Feder.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que esta norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo 31 de diciembre, junto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, ya que las nuevas cuentas públicas incluyen modificaciones que imbrican a los fondos europeos, como la recuperación de las agencias estatales.
Junto a estas dos relevantes normas, se aprobarán y publicarán en el BOE ese mismo día otros dos reales decretos; uno referido a Presidencia del Gobierno que no pasará por el Consejo de Ministros para crear la nueva Unidad de seguimiento del Plan de Recuperación, y otro de modificación de la estructura del Ministerio de Hacienda para reforzar la Dirección General de Fondos Europeos.
GOBERNANZA: SÁNCHEZ LAS DIRECTRICES POLÍTICAS Y HACIENDA LA GESTIÓN
Sánchez se encargará de dirigir esta Comisión, de dar directrices políticas y del seguimiento estratégico del Plan de Recuperación. A su vez, se creará también un Comité Técnico, que dará soporte técnico y legal a la Comisión Ministerial, cuya composición decidirá la Comisión en las próximas semanas con «perfiles técnicos», estará dirigido por Hacienda y dará soporte técnico y legal a la Comisión.
También se establecerá una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, que recaerá en el departamento de Economía y G-20 de Presidencia del Gobierno y tendrá como función mantener permanentemente informado al presidente del Gobierno, en paralelo a la constitución por parte de los distintos Ministerios de foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados.
Igualmente, se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las CCAA al necesitarse una «estrechísima colaboración». Los fondos europeos podrán ser liberados de una sola vez a las regiones para que dispongan de más facilidad en la obtención de estos recursos y se evitará interrupciones.
En cualquier caso, desde Moncloa aclaran que aunque Sánchez se ocupará de las directrices políticas y el seguimiento, será el Ministerio de Hacienda el que se encargue de la gestión de los fondos europeos al ser el órgano competente en la materia, así como el «punto de contacto» del plan y el coordinador entre administraciones que supervisará y gestionará el desarrollo del mismo.
La Dirección de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, será designada como la autoridad de gestión responsable de cara a la rendición de cuentas en Bruselas, y el Ejecutivo se compromete a rendir cuentas sobre el desarrollo del Plan cada tres meses en la Comisión Mixta de la UE de las Cortes.
Entre tanto, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) tendrá un papel «preponderante» en el control «riguroso» de los fondos, según las mismas fuentes, que concretan que el control financiero permanente sigue siendo el estándar si bien el Consejo de Ministros determinará en razón a determinadas circunstancias cuando se acude al control financiero permanente.
Cada órgano encargado de la ejecución de los fondos llevará a cabo un control interno, a lo que se sumará el externo de la IAGAE en cuanto el organismo de auditoría compruebe que la aplicación de los fondos es correcta.
En caso de una incorrecta aplicación de los fondos, estos no se transferirían o serían requeridos por parte de la Administración para evitar una ‘descertificación’ por parte de la UE, que retiraría la financiación y tendría que ser asumida por el país, en este caso España.
Con la reforma de la Administración se acometerán modificaciones puntuales para mejorar la tramitación de expedientes, la contratación, la gestión y el control a las fórmulas habituales de trabajo (convenio, subvenciones y fórmulas de consorcio).
La norma contempla un impulso de las sociedades de economía mixtas, bajo las que el Estado contará con mayoría de capital y acomete junto al socio privado la ejecución del proyecto, aunque será una figura más dentro de las decenas que permitirán canalizar los fondos, al tiempo que se recupera figuras administrativas y crea nuevas estructuras ‘ad hoc’ para agilizar la absorción de fondos, como es el caso de la creación de agencias estatales como organismo público, algo que se recoge en el proyecto de Presupuestos y no en el decreto de reforma de la Administración.
Además, el Gobierno crea una nueva figura administrativa de colaboración público-privada: los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), para lo que se abrirá un registro en el Ministerio de Hacienda para que las entidades interesadas en formar parte de la colaboración público-privada puedan hacerlo de forma «abierta y absolutamente coordinada». Estos proyectos se aprobarán uno por uno en el Consejo de Ministros.
REASIGNACIÓN DE PUESTOS
Por último, en cuanto a los recursos humanos para gestionar los fondos, se contará primordialmente con aquellos empleados públicos que tengan experiencia directa o indirecta en la gestión de proyectos relacionados con fondos europeos.
Principalmente se reorganizarán puestos de trabajo y asignación de funcionarios para la gestión de los fondos, y se podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial y, «excepcionalmente» y cuando resulte imprescindible, se contemplará la creación o modificación de puestos de trabajo cuyas funciones estén directamente relacionadas con la gestión de los proyectos.
Fuentes gubernamentales apuntan que no se prevé la incorporación masiva de funcionarios pero sí podría producirse una reordenación «importante» de funcionarios dentro de un determinado departamento, aunque no grandes migraciones de un área a otro. En todo caso, cada departamento tendrá la capacidad de reordenar sus recursos humanos.
Todos los que se dediquen a la gestión de los fondos, podrán recibir un complemento salarial variable por consecución de objetivos para compensar el desempeño del personal.
