La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) cree que el Real Decreto antidesahucios provocará «una oleada de reclamaciones judiciales» por responsabilidad patrimonial y económica del Estado, según ha apuntado en un comunicado.
Así, piensa que el Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, «ya que el propietario no podrá garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados». Además, piensa que se pone en riesgo la tutela judicial efectiva.
«Esta litigiosidad va en contra de la seguridad jurídica y la confianza que se necesita para desarrollar el mercado del alquiler en España. Daña seriamente nuestra imagen como país ante la inversión extranjera y ante nuestros socios europeos», ha añadido.
Para Asval, el decreto también es un «efecto llamada» a la ocupación ilegal. De hecho, ha recordado que con este real decreto España se ha convertido en una excepción dentro de Europa, «ya que es el único país que regulariza la ocupación ilegal».
Por otro lado, ha incidido en que el sistema de compensaciones debe ser «claro e inmediato, además de acorde con el daño causado». Para Asval, «carece de sentido que no se compense durante este periodo de tiempo a los propietarios y que, además, estos tengan que demostrar el perjuicio económico generado por la ocupación de la vivienda».
«Es evidente que existe un daño económico cuando el propietario no puede hacer uso de su vivienda y, además, tiene que seguir haciendo frente a gastos e impuestos y posibles desperfectos de la misma», ha apostillado, tras insistir en que la ley provoca desequilibrios en el mercado y en el acceso a la vivienda.
