Investigadores del ámbito del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de otras instituciones españolas han presentado una herramienta web, denominada LibEx, que proporciona apoyo al trabajo de jueces, fiscales y abogados que se enfrentan a casos límite de posibles delitos relacionados con actos de comunicación.
Esta herramienta, que se ha presentado vía streaming desde el campus de Madrid-Puerta de Toledo de la UC3M, suministra algunas claves para la interpretación de estos delitos como la provocación al odio, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la policía, entre otras, extraídas de la jurisprudencia de los tribunales españoles, así como del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, útiles para la resolución de casos concretos, según han informado desde la Universidad.
«Se trata de una compilación de los estándares protectores de la libertad de expresión adaptada a las necesidades de los operadores jurídicos que trabajan en el ámbito penal, y especialmente orientada al trabajo de instrucción penal; organizada por tipos de delitos y por conceptos jurídicos», ha explicado el coordinador del proyecto y catedrático del Área de Derecho Penal de la UC3M, Jacobo Dopico.
Dopico ha apuntado que esta herramienta también puede resultar de utilidad para periodistas que deseen buscar contexto para posibles noticias de este tipo.
Para afrontar decisiones como la admisión o inadmisión a trámite de una denuncia o querella, el sobreseimiento o la continuación de un proceso penal, e incluso la absolución o condena por este tipo de delitos, LibEx ofrece un análisis de los principales aspectos materiales y procesales de cada uno de estos delitos y una exposición de la casuística a la que se han enfrentado los tribunales españoles y europeos.
El trabajo realizado por el grupo de expertos de LibEx se centra en temas relacionados con la libertad de expresión en el contexto de una sociedad «abierta y pluralista». «Compartimos una preocupación por la libertad de expresión», ha señalado Dopico.
LibEx es un proyecto que surgió partir de un pequeño colectivo de académicos –el Grupo de Trabajo sobre Libertad de Expresión– al que se han ido sumando investigadores de procedentes de distintas universidades como la de Barcelona, Carlos III, Complutense, Jaume I de Castellón, Murcia, Oviedo, País Vasco, Rey Juan Carlos y Valladolid; además de letrados y exletrados del Tribunal Constitucional.
En la actualidad, el proyecto se realiza en el seno del Grupo de Estudios de Política Criminal en colaboración con la UC3M, a través de un convenio de colaboración dirigido por el profesor Jacobo Dopico.
