El sector pesquero ha solicitado a través de un manifiesto a los ministros de Pesca de la Unión Europea que rechacen la reducción de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, en la reunión del Consejo de los titulares de esta cartera que se celebrará los días 15 y 16 de diciembre, según Cepesca.
Así mismo, también ha demandado que cambien el «enfoque simplista» de la Comisión Europea sobre la gestión de la pesca en el Mediterráneo y que midan las consecuencias sociales y económicas que puede tener a medio plazo la aplicación de una política de restricciones a la pesca, «sin abordar globalmente las distintas problemáticas que inciden en la situación de este mar».
El sector ha negado ser el único responsable de la situación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo y señala otros responsables como la contaminación, la presión demográfica costera, el cambio climático, la falta de depuración de las aguas o la presencia progresiva de especies invasoras.
El documento que expone las peticiones del sector advierte al Consejo que decidirá a partir de mañana sobre la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 15% los días de pesca de la modalidad de arrastre para 2021 que de apoyarla se romperá el equilibrio socio económico y ambiental en el Mediterráneo occidental y que signficará «el inicio del fin de una actividad ancestral y tradicional en el Mare Nostrum».
El sector ha señalado que la propuesta de la Comisión se basa, además, en un informe elaborado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Cctep) de la UE a partir de datos antiguos que no sólo no se corresponden con la situación actual, sino que tampoco tiene en cuenta las reducciones ya implantadas por el sector durante este año 2020 y que van desde una disminución de días de pesca de cerca del 20%, al cierre de zonas de forma temporal para la preservación de los juveniles y reproductores o disminución de las horas de pesca.
PERJUICIO PARA OTROS SECTORES
El sector también apunta en su manifiesto el impacto social drástico de asumir nuevas reducciones en esta modalidad, que no solo afectaría a los 587 barcos que se podrían ver obligados a amarrar y a los 3.600 empleos directos, sino que también producirá una caída de la oferta de las lonjas que conllevará aparejada otra del número de compradores y que afectará a la flota artesanal, al no poder comercializar sus capturas.
Además de tener en cuenta las repercusiones en el resto de empresas auxiliares de los puertos, el sector también pide al Consejo reflexionar sobre el efecto en uno de los principales motores económicos de la zona, el turismo, para el que el acceso a productos pesqueros frescos forma parte a la hora de elegir este destino vacacional.
Por último, el sector pone de relieve en su manifiesto la no consideración en Europa de la percepción de los pescadores sobre la problemática del Mediterráneo y la falta de sensibilidad que implica no asumir que son ellos, que en algunos casos llevan faenando durante varias generaciones, los primeros que desean solventar la situación.
A juicio del sector, hay otras formas de abordar las soluciones, «tal y como se ha planteado en el actual Reglamento de demersales puesto en marcha este mismo año, pero hay que llevarlas a cabo de forma gradual hasta 2025, y con los mejores y más veraces informes científicos».
Para el sector pesquero, la Política Pesquera Común (PPC) ha de equilibrar los tres pilares en los que está basada, el económico, el social y el ambiental, y no sólo pivotar sobre el vértice medioambiental.
