Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido este viernes a sus ministros que elaboren un calendario con plazos bien definidos para completar los «elementos pendientes» para completar la Unión Bancaria, pero sin hacer una referencia específica al fondo europeo de garantía de depósitos, que España reclama desde hace tiempo pero que genera mucha división entre las capitales.
Los líderes europeos han celebrado los últimos avances conseguidos por el Eurogrupo, que pasan por la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el acuerdo para poner en marcha de forma anticipada la última red de seguridad (‘backstop’ en la jerga comunitaria) en casos de quiebras bancarias.
En el texto de conclusiones pactado, los socios comunitarios piden a sus ministros de Finanzas que elaboren «sobre una base de consenso» un «plan de trabajo gradual y con plazos delimitados» que recoja «todos los elementos pendientes para completar la Unión Bancaria».
Aunque no lo nombra el documento, el gran pilar que falta para terminar este proyecto es el fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés) y España llegó a la cumbre con la idea de incluir una mención específica en el texto, que finalmente no ha logrado.
Se trata de una iniciativa para proteger a nivel europeo los primeros 100.000 euros de depósitos bancarios en casos de liquidación, pero la propuesta legislativa que la Comisión Europea planteó a las capitales hace ya cinco años apenas ha pasado de los debates a nivel técnico. Ni siquiera las modificaciones que Bruselas introdujo para restar ambición al proyecto consiguieron desbloquear las negociaciones.
Los países que más defienden su puesta en marcha son España, Francia, Italia y otros socios del sur, pero chocan frontalmente con Países Bajos o los socios nórdicos, más partidarios de avanzar antes en la reducción de riesgos bancarios antes de pasar a su ‘mutualización’. Alemania, que siempre ha tenido dudas, ha mostrado últimamente cierta apertura a la idea, pero sin convencer a otros Estados miembros reacios.
Más allá de este debate, los jefes de Estado y de Gobierno han destacado que la UE «necesita una arquitectura financiera que apuntale la resiliencia de sus economía, sostenga un crecimiento y empleo sostenible y garantice la financiación adecuada para las transformaciones ‘verde’ y digital.
Aunque la respuesta económica a la crisis del coronavirus ha sido «rápida, coordinada y fuerte», la situación actual «requiere un apoyo continuado» a la economía «para garantizar una recuperación sólida y equilibrada», añaden los líderes.
