Entre las tantas cuestiones diversas sobre la economía que brotan por el mundo y en cada nación, mucha gente se pregunta qué es exactamente el cupo que paga el País Vasco. Se trata puntualmente de la cuantía que paga todos los años al Estado para financiar los servicios centralizados de los que también se benefician los ciudadanos vascos y que el congreso aprueba de forma expres.
Es decir, son los servicios que el Estado presta en su territorio por las competencias no transferidas en virtud del Concierto económico. Por ejemplo, las embajadas en el exterior, museos nacionales, política de defensa, intereses de la deuda, infraestructuras de puertos y aeropuertos, etcétera. El cupo vasco se revisa y negocia cada cinco años. Sin embargo, desde 2007 no se ha renovado por la falta de acuerdo entre el Estado y el Ejecutivo del País Vasco.
Cálculo del cupo
El cupo tiene una forma muy particular de calcularse. Se toman todos los gastos que figuran en los presupuestos del Estado y a eso se le resta el coste de las competencias asumidas por la comunidad autónoma. De esto surge una diferencia, denominadas como ‘cargas no asumidas’, a la que se le aplica un índice que refleja el peso relativo de la economía vasca respecto de la española.
Cada cinco años se renegocia la base sobre la que se aplica el cupo. Se tiene en cuenta el desembolso realizado por el Estado y se introducen ajustes y compensaciones por tributos no concertados, otros ingresos y déficit. Por ello se debate en el congreso cada cierto tiempo una ley del cupo vasco con beneficio para Euskadi.
La crítica de los expertos sobre el cupo vasco
Muchos críticos dicen que este modelo tiene un sesgo porque el cálculo data del año 1981. El mismo refleja un 6,24% para el caso vasco, una cifra que ha permanecido inamovible durante más de 30 años.
La queja es que de esta manera no se tiene en cuenta la relación entre el PIB vasco y el español que varió significativamente en el transcurso de los años. Ya que muchos expertos de economía consideran que hay que actualizar el número porque el peso del País Vasco ha aumentado sobre el total nacional.
Uno de los problemas es que la cifra no depende de los ingresos que tiene el País Vasco, sino de los gastos del Estado. Es por eso que cuando hay bonanza económica, la administración vasca dispone de más dinero para gasto e inversión por habitante.
El coeficiente es 6,24%
Este coeficiente se denomina «índice de imputación» y es la relación de la renta de la región sobre el total de la renta nacional. En este caso, para el País Vasco, se ha establecido el 6,24%.
Pero ¿cuánto dinero es?
En 2016, el Presupuesto General del Estado aprobado calculó que el País Vasco debía pagar al Estado unos 1.525 millones de euros. Esa cifra estaba constante desde el 2007. Sin embargo, para los vascos, su gobierno debería pagar 850 millones de euros, lo que significaría que estarían depositando 1.600 millones de más.
Para el 2017, el Estado fijó para el País Vasco unos 1.200 millones de euros. Si bien la cifra es menor a lo que venían reclamando, sigue siendo mucho más alta de lo que consideran los vascos.
El origen del cupo vasco
El origen del cupo y del sistema fiscal data desde el año 1878. Surgió con la necesidad de establecer una forma de que el País Vasco pague impuestos al Estado luego de la tercera guerra carlista. Está vigente de forma ininterrumpida desde finales del siglo XIX, con la única excepción del franquismo en Bizkaia y Gipuzkoa.
Funcionamiento burocrático del cupo vasco
Las tres diputaciones forales vascas recaudan todos los impuestos en el País Vasco, como el IRPF, IVA, Sociedades, Especiales, etc. Luego, reparten al Estado según los gastos acordados en el Cupo. Pero son las diputaciones las que deciden cuál es el nivel de impuestos que deben pagar sus ciudadanos. Como único requisito que deben respetar, es que la presión fiscal sea similar a la del resto del Estado.
Sin embargo, en todas las demás autonomías el sistema funciona al revés. Es decir, es la Agencia Tributaria la que recauda y reparte en función de los criterios del sistema de financiación autonómica.
Cambios que se introdujeron en 2017
La última revisión de la Ley del Concierto modificó más de 20 artículos. Desde el año 2017 se permite a las diputaciones ingresar las retenciones en el IRPF de trabajadores del mar enrolados en barcos vascos que faenan en aguas internacionales y de empleados en el extranjero de empresas de Euskadi. Hasta ese momento, era la Agencia Tributaria estatal la que tenía esas atribuciones.
Otro de los cambios es que se amplió las compañías obligadas a tributar en el País Vasco en función de sus ventas. Asimismo, estableció que las herencias que reciban contribuyentes vascos de personas fallecidas en el extranjero tributarán a las haciendas forales.
La financiación vasca supera la media
La financiación del País Vasco supera la media por diversos factores que empujan sus ingresos fiscales. En primer lugar, tiene los salarios más elevados de España. Además, los tipos del IRPF están por encima de la media nacional en los tramos de renta más altos. Asimismo, la fiscalidad del ahorro también es más dura, como la de las viviendas y planes de pensiones.
Otra de las razones es que el Impuesto de Sociedades ha sido más alto en los últimos años que en el del resto del país. Además, la eficacia de las haciendas vascas, muy pegadas al terreno, y una fuerte conciencia fiscal limitan el fraude. Finalmente, hay un menor peso de la economía sumergida que en otras comunidades.
Características fundamentales del régimen de Concierto
Es un régimen pactado. Las decisiones se adoptan en comisiones de composición paritaria de representantes del País Vasco y del Estado. Los resultados de la negociación se aprueban en leyes que el Parlamento español no puede modificar.
Es un régimen histórico. Se aprobó por primera vez en 1878 como forma de integrar a los territorios vascos en el sistema económico estatal.
Es constitucional. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
Es solidario. El País Vasco contribuye a los gastos comunes en proporción a su riqueza. Tiene como objetivo corregir desequilibrios interterritoriales.
Es un régimen de responsabilidad o riesgo unilateral. Debe contribuir a los gastos comunes independientemente de la situación de sus finanzas.
El Modelo Navarro
El modelo navarro es un convenio económico similar al vasco pero es aún más antiguo: data del año 1841, fruto de la ley de modificación de los fueros. Este régimen especial sobrevivió incluso a la dictadura de Franco, momento en que solo se abolió en las “provincias rebeldes” de Guipúzcoa y Vizcaya.
Sin embargo, Álava y Navarra lo mantuvieron siempre. La Constitución de 1978 consagró el sistema en su disposición adicional primera.
