La Unió de Llauradors denuncia que el precio de la almendra se ha «desplomado» un 85% respecto a la campaña pasada y un 200% respecto a 2015, hasta niveles de hace diez años, algo que achaca a la especulación, las prácticas desleales y la falta de transparencia.
«El sector está en la UCI y hay que tomar medidas urgentes para tratar de llevarlo a planta», reivindica en un comunicado el responsable del sector de frutos, Ricardo Beltrán.
Aunque la almendra común representa más del 65% de la producción, la entidad agraria advierte que la cadena alimentaria continúa presentando «grandes desequilibrios y perjudica al sector productor», afectado este año por la crisis y el cierre de la hostelería.
A estas causas se suma la pérdida de competencia de las producciones autóctonas frente a las procedentes de otros países, donde «producir es mucho más económico por el nivel mucho menor de exigencias de todo tipo». LA UNIÓ critica así que la Comisión Europea no incluyera a las almendras norteamericanas en el listado de productos con sanciones arancelarias y que el Ministerio de Agricultura «no haya insistido lo suficiente».
Frente a ello, apuesta por un plan de reconversión, la recuperación de la ayuda nacional de frutos secos o un eco-esquema específico como propuestas urgenets para impulsar el sector. «En muchos casos, los productores estamos condenados a la quiebra al no poder reconvertirnos, sin alternativas productivas», alerta el agricultor.
Según un informe de los servicios técnicos de La Unió, la renta media de los productores de almendra es un 23% inferior a la renta de la campaña pasada, presentando una disminución importante de ingresos. No obstante, si se compara con la campaña de 2015, los ingresos fueron casi la mitad.
En la misma línea, las ayudas vinculadas de alguna manera a este cultivo, directa o indirectamente, habrían disminuido en 80%, lo que «complica aún más la situación del sector».
La organización agraria presentó propuestas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para recuperar en 2021 la ayuda nacional a los frutos de cáscara, priorizando las plantaciones tradicionales de secano. También considera necesario estudiar las posibilidades de aumentar el presupuesto de la ayuda asociada a criterios geográficos, climatológicos o renta y el establecimiento de un eco-esquema específico para frutos secos de bajo rendimiento.
Y cree oportuno que se ponga en marcha de un plan de reconversión al que pudiera acogerse prioritariamente las zonas de secano con menor rendimiento y en el que «las administraciones se tendrían que implicar económica y técnicamente».
