El exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez negará mañana en su declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo de los acusados haber intentado sobornar en julio de 2014 a la entonces concejal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Isabel Cortina para lograr mayoría absoluta del PP.
La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado esta mañana la segunda sesión de la vista oral por la presunta comisión de un delito de cohecho, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de cárcel. La acusación particular eleva a seis años de prisión la petición de pena.
Estaba previsto que el exregidor ofreciera esta mañana su versión, pero finalmente lo hará mañana. En la exposición previa de las partes, el abogado defensor ha negado que existiera el delito de cohecho afirmando que su cliente solo hablaba sobre «temas políticos» y que en concreto esas conversaciones se encuadraban dentro de «la actividad política».
La Fiscalía de Madrid le acusa de ofrecer supuestamente prebendas personales y profesionales a la citada edil. El representante del Ministerio Público imputa tanto al acusado como a S. C. T., un cabo de la Policía Municipal de Brunete, un delito de cohecho.
El proceso tiene su origen en una denuncia interpuesta por la formación magenta y la propia concejala. La instructora del caso apreció «indicios suficientes» de que el entonces alcalde y una cabo de Policía Local «trataron de influir» en Cotrina tras las elecciones municipales en mayo de 2011.
Según la juez, pretendían que se ausentara de las sesiones en que se iban a votar determinados puntos que interesaban al alcalde o abandonara UPyD para formar parte de la Junta de Gobierno local y obtener la mayoría absoluta que tenían a tan solo un concejal de distancia. A cambio, el alcalde presuntamente le ofreció favores «personales, políticos y profesionales».
Con esto pretendían supuestamente aprobar los presupuestos municipales; que se aprobara la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Canal de Isabel II para la incorporación del municipio al nuevo modelo de gestión del Canal; y que saliera adelante la propuesta de mancomunar la gestión de infraestructuras deportivas de Brunete, Sevilla la Nueva y Quijorna, como el campo de golf, pádel o piscinas.
Para probar estas acusaciones, Cortina adjuntó varias grabaciones de conversaciones mantenidas tanto con el alcalde como con la cabo de Policía Local. Entre ellas, una en noviembre de 2012 en la que la cabo investigada presuntamente le propuso un puesto para su hija minusválida en el hospital privado Los Madroños de Brunete.
