La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) defiende que la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual «debe garantizar la cadena de accesibilidad para las personas sordas».
Para ello, solicita ampliar las obligaciones ya vigentes en materia de subtitulado e interpretación a la lengua de signos, así como completar las de accesibilidad, extendiendo el subtitulado a las plataformas digitales, a la publicidad y a los servicios de comunicación audiovisual radiofónica.
En este sentido, la organización respalda la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, pero considera que, «en ningún caso, debe suponer un retroceso respecto a la regulación y medidas ya contenidas en la normativa vigente».
Así lo ha manifestado en el documento que ha hecho llegar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, responsable del texto de la nueva norma.
«La modificación de esta ley es una oportunidad para reclamar todas las mejoras necesarias, no solo lo susceptible de actualización, sino también la cobertura de los vacíos que hay en origen. De hecho, a pesar de los avances experimentados en materia de accesibilidad a los medios audiovisuales y, en concreto, a la televisión, se observan deficiencias que deben ser resueltas», ha defendido.
En el caso de las televisiones públicas, opina que «el 100% de la programación debe ser accesible». «Todo porcentaje de emisión que sea inaccesible, por carecer de subtitulado, es tanto como si ese mismo porcentaje de la totalidad de la programación se emitiera, por defecto, sin audio y sin imagen para toda la audiencia. Esto que nos parecería intolerable, es el mismo efecto que tiene sobre la audiencia que no oye la ausencia de subtítulos», ha recalcado.
Asimismo, ha puesto de relieve la necesidad de asegurar la calidad de los servicios y de garantizar la cadena de accesibilidad a los contenidos en cualquier formato y canal (televisión en abierto, internet, plataformas digitales). «También cuando éstos se emiten en redifusión a través de otros medios (internet, redes sociales)», ha apostillado.
Finalmente, solicita que las medidas de accesibilidad sean obligatorias para todos los productos y servicios nuevos. «Y, en su caso, para todos los ya existentes, teniendo como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030 (Agenda 2030), pide que se establezca un plazo máximo de diez años, desde la publicación de la ley, para culminar el proceso de incorporación de dichas medidas», ha zanjado.
