El presidente del Partido Popular (PP) en Zaragoza, Ramón Celma, junto con otros miembros de la nueva ejecutiva de esta formación en la provincia y el alcalde de la capital aragonesa, el ‘popular’ Jorge Azcón, han participado en un acto en el que se ha desplegado un enorme lazo contra la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá‘.
En la plaza del Pilar de Zaragoza, junto a la basílica y el consistorio de la capital aragonesa, el presidente del PP Zaragoza ha advertido de que esta reforma educativa «ataca no solo la libertad de elección de los padres, sino también los fundamentos de la democracia».
Según ha expuesto, «necesitamos una educación diversa y plural y es precisamente lo que ‘Ley Celaá’ pretende evitar, que los padres puedan elegir, que no tengan opciones» porque el Gobierno presidido por Pedro Sánchez «quiere sustituirnos, cree que los hijos no son de los padres y que puede decidir por nosotros mucho mejor».
Ramón Celma ha opinado que el Ejecutivo central ahora plantea «decidir el centro escolar y mañana el modelo de educación» porque «no quiere niños preparados para el futuro, quiere robots que responda a una serie de necesidades políticas e ideológicas».
«Nadie entiende que el Gobierno pretenda sustituirnos«, de forma que «allá donde existe opción, los padres eligen entre escuela pública concertada y privada» y «tienen que seguir siendo así».
Celma ha asegurado que esta reforma «también hace daño a la escuela pública», que ha de ser de «de calidad», igual que la concertada, y «el debate tiene que ser si nuestros hijos aprenden un idioma más o menos, si estudian programación para afrontar mejor el futuro», pero «no poner patas arriba el sistema educativo, un servicio público que debemos acordar entre todos y que no se debe cuestionar cada cuatro o cinco años».
A su entender, «es necesaria una ley de educación que salga adelante escuchando a profesores, familias, alumnos, al Consejo Escolar, al Consejo de Estado», pero esta reforma «no se ha consultado con absolutamente nadie» y «pretende ser una moneda de cambio por intereses puramente partidistas y electoralistas y no van a poder ni con los padres, ni con la libertad, algo que en el siglo XXI no se debería discutir».
GARANTÍA LEGAL
Celma ha comentado, respecto a la afirmación del presidente de Aragón, Javier Lambán, de que esta reforma permite desarrollar el pacto educativo alcanzando en la comunidad autónoma en 2019, que contempla la convivencia entre la escuela pública y la concertada, que para el PP «lo importante no es lo que piense Lambán sobre la libertad de elección de los padres, sino que la ley la respete».
«No podemos depender de la opinión o de arbitrariedad de un presidente de turno o un político de turno», sino que «la ley nos tiene que amparar a todos» y «tiene que ser una garantía de derecho y libertad para todos los padres, para los profesores, para los alumnos».
Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha esgrimido que una ley educativa «no puede enfrentar en lugar de unir» y el Gobierno español debe «tener una reflexión importante sobre lo que está consiguiendo con la ‘Ley Celaá'».
Azcón ha sostenido que el país necesita una norma educativa «que sea de todos, que no vaya un tipo de educación contra otra», sino que «respete a todos los alumnos y los padres, tanto a los que consideren que sus hijos tienen que ir a la educación pública, como a la concertada».
En esta línea, el alcalde ha dicho desde el consistorio «apoyamos la educación pública, pero también la concertada» porque «tienen que ser tratadas en pie de igualdad».
En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un «esfuerzo muy importante» en aumentar los recursos destinados a mejorar la limpieza de los colegios y recientemente ha puesto en marcha un proyecto piloto para medir el CO2 en determinadas aulas «para que sean más seguras» frente a la COVID-19.
Igualmente, se ha incrementado la partida de conservación y las obras destinadas al mantenimiento de los colegios públicos, así como el proyecto de espacios de integración las escuelas.
En el caso de la concertada, Azcón ha recordado este año está pendiente de firmar un convenio por valor de 70.000 euros y para 2021 quiere incrementar la cuantía de forma «significativa», aunque vaya a ser un año «difícil presupuestariamente».
RECOGIDA DE FIRMAS
El PP ha iniciado una campaña de recogida de firmas en contra de la ‘Ley Celaá’ para «llevar a las instituciones el clamor social que existe en la calle contra esta ley» y «la respuesta está siendo llamativa» porque existe «preocupación» en las familias, como ya se demostró con el éxito de las manifestaciones celebradas en noviembre en todo España, ha contado Ramón Celma.
«El Gobierno tiene que ser consciente», «recapacitar» y retirar una ley que en estos momentos está en tramitación en el Senado, ha esgrimido el presidente del PP Zaragoza.
Además, «tenemos que trasladar a la opinión pública que si hoy atacan a la educación, mañana puede ser otro fundamento trascendental para la democracia».
