Un estudio internacional con la participación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha alertado de la «conflictividad» social y ambiental que se puede dar con proyectos de energía verde.
En el trabajo se avisa de los riesgos asociados a la transición energética, como «el impacto desproporcionados en las comunidades rurales e indígenas», según ha informado el ICTA-UAB este martes en un comunicado.
Los investigadores también han detectado que en este ámbito la violencia y la represión contra los manifestantes es «generalizada», y que el asesinato de activistas tiene lugar en uno de cada diez casos estudiados.
En este sentido, han destacado que un 25% de los proyectos que presentan resistencia social acaban cancelados, suspendidos o retrasados, y la responsable del estudio en la Universidad McGill (Canadá), la doctora Leah Temper, ha señalado que los resultados «reclaman acciones para garantizar que los costes de descarbonización del sistema energético no recaigan sobre los miembros más vulnerables de la sociedad».
Por eso, la investigación insta a los responsables de políticas climáticas y energéticas «a prestar más atención a las demandas de los movimientos colectivos para abordar de manera significativa» el cambio climático y que se avance hacia una transición que sí sea justa; tratar estas problemáticas puede ofrecer soluciones a otras de carácter social, como el racismo, la desigualdad de género y el colonialismo, según destaca el estudio.
El trabajo apunta que la energía hidroeléctrica «es la más dañina social y ambientalmente, porque provoca desplazamientos masivos de población y altas tasas de violencia»: entre los 160 casos analizados de 43 países, cerca del 85% han sido de intensidad alta o media, siendo los pueblos indígenas lo que están en mayor riesgo e involucrados en seis de cada diez casos.
Por el contrario, proyectos de energía renovable eólica, solar y geotérmica han resultado ser menos conflictivos y han presentado menores niveles de represión.
Sobre este aspecto, la coautora del estudio e investigadora ICTA-UAB Sofía Ávila ha recordado «las largas reivindicaciones de injusticia en torno a un ambicioso corredor eólica en Oaxaca», en México, que se han transformado en un foco de debates ciudadanos sobre una transición justa y en el que participan diferentes propuestas.
El análisis se ha basado en el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas) del ICTA-UAB, una base de datos en línea que recoge más de 3.000 conflictos ecológicos y que ha observado qué proyectos energéticos están provocando movilizaciones ciudadanas y las preocupaciones que se han expresado.
