El sector universitario ha respondido a las exigencias de transparencia con buena nota, aumentando sus niveles de cumplimiento, tanto las universidades públicas como, en menor medida, las privadas, según el informe de la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT) ‘Examen de transparencia 2019’.
El estudio ha sido dado a conocer este lunes y analiza la información que publican de manera voluntaria en la web las 49 universidades públicas y 26 privadas españolas, acerca de su personal, gobierno, consejo social, oferta y demanda académica, información económica o resultados, entre otros indicadores.
En concreto, y en el caso de las universidades públicas, el informe indica que se ha producido el mayor avance en términos de transparencia desde su primera edición de 2011, catalogando en esta a 32 universidades (65%) como transparentes, trece (27%) translúcidas y cuatro (8%) opacas.
En este sentido, la Universidad Rey Juan Carlos lidera en solitario este año el ranking de transparencia de las públicas con un total de 51 puntos sobre 54. Le siguen, en segundo lugar, empatadas las universidades de Burgos, Cantabria y Oviedo, con 50 puntos, y Alcalá y Castilla-La Mancha, con 49 puntos, ocupan el tercer lugar del pódium.
Por otra parte, han aumentado las universidades privadas clasificadas en el grupo de transparentes, duplicándose de cifra de tres a seis desde el pasado año. Nebrija (47 puntos de 48), Navarra (46) y Vic-Central de Catalunya (41) lideran el ranking.
No obstante, el informe subraya que son todavía un 42% de centros privados los que son catalogados como opacos tras nueve años de evaluación.
ÁREAS DE MEJORA
En relación con las áreas de mejora en el caso de las universidades públicas, los autores del estudio destacan que se refieren a la rendición de cuentas del consejo social.
Se trata de cuestiones que afectan más al sistema de gobernanza que a la comunicación de contenidos en la web. La elaboración de una memoria de responsabilidad social y de un informe de actividades por parte de los consejos sociales supone un grado de maduración que hoy por hoy resulta difícil de alcanzar mientras estos órganos no fortalezcan sus recursos y competencias técnicas», advierte el informe.
De esta forma, el documento recomienda que el consejo social cuente con un presupuesto adecuado a las responsabilidades que se le han asignado; una estructura propia, que dependa jerárquica y funcionalmente de él mismo y que le permita ejercer con eficacia todas las competencias que tiene atribuidas, y progresar en su rendición de cuentas a la sociedad, mejorando el contenido y estructura de sus informes de actividades y asumiendo un papel más activo en la elaboración y aprobación del informe de responsabilidad social.
En el caso de las privadas, destaca la relación entre el grado de opacidad y el tipo de titularidad de la universidad, que suele ser una sociedad mercantil, una fundación o la Iglesia católica. El documento muestra especial preocupación por la falta de transparencia sobre los titulares de las universidades privadas que han adoptado la estructura de una sociedad mercantil.
«Toda universidad cumple una función social muy importante, como es la de conferir títulos y grados académicos, que son públicamente reconocidos. Nos parece que esa sola característica debería ser suficiente para exigir información transparente sobre las personas que ejercen control sobre la misma y son sus responsables principales», indica el informe que adelanta este nuevo indicador de cara a la próxima edición de 2020.
