Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son las autonomías que tienen el impuesto sobre Sucesiones más alto de toda España frente a Galicia, Cantabria y Andalucía, que tienen una cuota líquida de cero en este tributo. Respecto al impuesto de patrimonio, los ciudadanos de Aragón, Extremadura y Cataluña son los que más pagan, mientras que en Madrid, y algunas provincias del País Vasco es de cero.
Así se desprende del informe ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020’, elaborado y presentado en marzo por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) y que elabora una serie de ejemplos prácticos para poder comparar los tributos en las distintas Comunidades Autónomas.
El debate sobre la fiscalidad en las distintas Comunidades Autónomas ha salido recientemente a la luz por el preacuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y ERC para lograr una armonización fiscal en toda España y acabar con lo que el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, define como el «paraíso fiscal» de la Comunidad de Madrid.
Este preacuerdo contempla la creación de una comisión bilateral para estudiar una reforma fiscal integral y un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto de las grandes fortunas destinada a acabar con el «dumping» que achacan al gobierno regional madrileño respecto a otras comunidades y que, a juicio de Rufián, «supone un grave perjuicio para la clase trabajadora en un momento de emergencia social».
IMPUESTO DE SUCESIONES
En este informe están recogidos a grandes rasgos las figuras tributarias en cada Comunidad Autónoma, aunque, dependiendo de la autonomía, suelen actualizarse anualmente. Cada impuesto en las distintas comunidades tiene distintas variables en función de tramos, nivel de parentesco, etc. Por ello, se ejemplifica en un tipo de persona para poder conocer cómo está la situación en cada comunidad.
Respecto al impuesto de sucesiones, en el ejemplo práctico de un soltero de 30 años que hereda bienes por valor de 800.000 euros, donde más tributaría sería en Asturias, con una cuota líquida de 103.135,48; seguido de Castilla y León (81.018,76); Comunidad Valenciana (63.193,76); Aragón (55.466,81); La Rioja (32.342,86); Castilla-La Mancha (31.759,23) y Canarias (31.748,63).
A estos territorios les seguiría Navarra (17.000); Cataluña (9.796,89); Baleares (5.950); País Vasco (3.150); Murcia (1.640,49); Extremadura (1.587,96) y Madrid (1.586,04). Andalucía, Cantabria y Galicia tienen una cuota líquida de 0.
IMPUESTO DE DONACIONES Y EL DE PATRIMONIO
En el impuesto sobre donaciones, y poniéndonos en el caso de un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo, donde más tributaría sería en Castilla y León y Extremadura, ambos con una cuota líquida de 200.122,67; seguidos de Aragón (177.706,26); Asturias (176.700); Comunidad Valenciana (171.012,52); y Canarias (87.128,60).
Los siguientes serían Baleares, Cataluña y Galicia (56.000 los tres); La Rioja (51.031,28); Castilla-La Mancha (30.018,40); Navarra (16.000); País Vasco (12.000): Andalucía (2.081,59); Murcia (2.081,59) y Madrid (2.000,06). En este caso, Cantabria tiene una cuota líquida de 0.
Respecto al impuesto sobre el patrimonio, y bajo el ejemplo de un contribuyente con un patrimonio por valor de 800.000 euros sin tener en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, el territorio dónde más se tributa es en Aragón (1.164,37); Extremadura (1.099,31); Cataluña (769,51); y Comunidad Valenciana (539,44).
Les siguen Navarra (475,59); Baleares (280); Andalucía, Cantabria y Murcia (240); Asturias (220); Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Guipúzcoa (200); y La Rioja (50). Sin embargo, en Madrid, Vizcaya y Álava es de 0.
ALGUNOS CAMBIOS EN LAS CCAA
Como se ha citado anteriormente, algunas Comunidades Autónomas suelen actualizar las figuras tributarias de manera anual. De este modo, en La Rioja hasta 2020 existía un 75% de bonificación de la cuota del impuesto de Patrimonio, que se eliminó con la Ley de Medidas Fiscales de 2020.
Por su parte, en Cataluña el Gobierno de la Generalitat decidió a mediados de este año aumentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el IRPF.