El Instituto de Estudios Económicos (IEE) advierte de que España se ha quedado «rezagada» en I+D+i en la última década respecto a la UE, por lo que pide aumentar el apoyo a las inversiones empresariales en la materia a través de la mejora de la aplicación del marco de incentivos fiscales, reforzando la seguridad jurídica, simplificando y reduciendo la carga administrativa y ampliando las actividades deducibles, así como que las ayudas a los proyectos en la materia derivados de los fondos europeos se mantengan «décadas» tras el fin de los recursos europeos.
Estas son algunas de las propuestas y peticiones realizadas por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y el director de Estrategia del servicio de FI Group, Víctor Cruz, durante la presentación telemática del informe con propuesta para mejorar los incentivos fiscales a la I+D+i.
Fernández de Mesa ha lamentado «lo mal que compara España» en todos los indicadores de inversión en I+D+i, al haberse quedado «rezagada» en la última década, ya que el gasto que se realizó en 2018 fue del 1,2% del PIB, inferior al 2,1% que se gasta en el promedio de la UE, y muy lejos de las mejores referencias internacionales, como Israel, donde se alcanza el 4,9% o Corea del Sur, con el 4,5%, y también de la media de la OCDE, que se sitúa en el 2,4%.
Tomando la UE como referencia, y otorgándole un valor base de 100, el IEE ha elaborado un indicador de esfuerzo innovador que, para el año 2018, sitúa a España con 58,8 puntos, lo que supone más de un 40% inferior a la media de la Unión Europea y casi un 48% inferior al promedio de la OCDE.
De esta forma, Fernández de Mesa ha alertado de que en el análisis de la última década se observa que España «se está quedando rezagada frente a la media de la UE», al mismo tiempo que Europa también presenta unos crecimientos del gasto en I+D+i muy inferiores a los de las más pujantes economías asiáticas. El gasto en I+D+i del 1,2% del PIB en 2018 es incluso inferior al 1,3% de 2008 y al 1,4% de 2009 y 2010, perdiendo peso la inversión del sector público en la materia.
A pesar del mayor dinamismo del sector empresarial, que en 2018 concentra el 56,5% del total del gasto en I+D+i, no ha sido suficiente para acercar España a los niveles de la UE y de la OCDE, donde el gasto en I+D+i de las empresas se sitúa en el 66,3% y en el 70,6%, respectivamente.
De nuevo, considerando la media de la UE con un nivel de 100, el esfuerzo innovador que realizan las empresas en España toma un valor de 49,6 puntos, más de un 50% inferior al promedio de la UE y un 58% inferior al de la OCDE.
Además, ha lamentado que el apoyo del sector público en España a la inversión en I+D+i empresarial no ha mostrado una evolución positiva, puesto que en 2017 el total de ayudas, incluyendo directas e indirectas, se situó en 1.090 millones de euros, lo que representa solo el 61,6% de las ayudas del año 2008. Entre los años 2006 y 2017, en España se redujo el peso de las ayudas a la I+D+i al sector empresarial frente al PIB, desde el 0,13% al 0,09%.
Mejorar el incentivo
El IEE señala que el régimen opcional introducido en 2014 estaba destinado a paliar algunos de los problemas de la inversión en I+D+i, introduciendo límites menos estrictos y el abono de la deducción en caso de insuficiencia de cuota, sin embargo, tal y como señala la AIReF, esta medida no ha sido muy eficaz en la práctica, con un alcance, tanto en importe como en número de beneficiarios, «muy inferior al previsto inicialmente».
Por ello, Fernández de Mesa ha abogado por reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema, así como simplificar y reducir y agilizar la carga administrativa asociada, sobre todo en lo que tiene que ver con las deficiencias que presenta el régimen opcional, y con el informe Vinculante.
De igual modo, también propone el IEE una conceptualización de las actividades deducibles «más amplia y actualizada» a la realidad en ámbitos como la digitalización o la sostenibilidad, evitando, en todo caso, que «actividades innovadoras, sean del campo que sean, se puedan quedar fuera de la deducción por estar la definición desactualizada o ser demasiado restrictiva».
El presidente del IEE también ha incidido en el papel que pueden tener los incentivos fiscales en las ayudas procedentes de los fondos europeos, que ha pedido priorizar en inversiones en I+D+i con el fin de ayudar a alcanzar el objetivo de una inversión del 2% del PIB en la materia.
Además de priorizar una parte de los fondos en investigación, desarrollo e innovación, ve «fundamental» complementar estas inversiones con la utilización de incentivos fiscales temporales a la I+D+i, ya que esta herramienta facilitaría sumar esfuerzos al posibilitar que los fondos llegasen a un mayor número de empresas, en especial las pymes, al tener un mayor alcance sobre el tejido empresarial y ser un instrumento «flexible y ágil».
Fernández de Mesa ha pedido también el «compromiso» y el «consenso político» para que las ayudas a los proyectos en I+D+i que se deriven de los fondos europeos se mantengan durante «décadas» una vez que finalicen dichos fondos, ya que este tipo de proyectos requieren «mucho esfuerzo» y las empresas necesitan certidumbre y continuidad con un diseño a «muy largo plazo».
Igualmente, Cruz ha incidido en la necesidad de avanzar en inversión en I+D+i desde el ámbito público incentivando al privado a invertir en la materia, algo que cuesta sobre todo por la tipología de empresas, principalmente formado por pymes, por lo que insta a mejorar los incentivos ante el «retraso» de la última década para alcanzar en 2027 la meta de una inversión del 2,14% del PIB en I+D+i marcado para España por .a Estrategia de Ciencia y Tecnología.
