El que fuera hasta hace poco comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, ha declarado este jueves en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Púnica’, y ha negado haber tenido conocimiento de la contratación de empresas del también investigado Alejandro de Pedro, empresario informático y presunto ‘conseguido’ de la trama Púnica, para mejorar su reputación ‘online’ siendo alcalde de Alcobendas.
García de Vinuesa, alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hasta que se conociera su imputación, momento en el que dimitió, comparecía en el marco de la pieza en la que están imputados varios exalcaldes y concejales del PP por la contratación de trabajos con De Pedro para mejorar su imagen con dinero público.
La Fiscalía Anticorrupción indica en su escrito que ha dado lugar a su imputación que García de Vinuesa «habría concertado en el año 2011 con el investigado Alejandro de Pedro que cuidase su reputación personal en la red a través de la sociedad Eico, a los efectos de que Internet ofreciese una imagen positiva de su persona que le favoreciese».
«Simultáneamente, acordaría con el mismo la estrategia para que fuesen fondos públicos quienes abonasen este trabajo, con conocimiento de que por ser servicios de índole personal tendría que haberlos pagado él», destaca el auto del juez en el que le citaban como imputado.
Y añadía que «llama la atención» que todas las facturas relacionadas con la contratación de posicionamiento ‘online’ fuesen presentadas al Patronato Sociocultural vinculado al Ayuntamiento de Alcobendas, organismo cuyo fin es la ejecución de programas culturales, y que éste las tramitara «como contratos menores, adjudicados por decreto, fraccionando la prestación, lo que impidió la apliación del procedimiento abierto de la contratación pública.
A través de estas facturas, se ha podido conocer que desde el año 2011 y hasta 2014 este organismo municipal «vino atendiendo facturas» de las empresas de De Pedro, con «conceptos imprecisos y sin concreción del trabajo realizado, encubriendo indiciariamente el pago de los servicios de reputación personal del alcalde», señala el magistrado.
NO RECUERDA LA EMPRESA CON LA QUE SE CONTRATÓ
Según fuentes presentes en la declaración, García de Vinuesa ha explicado que en esas fechas existía mucho interés por las redes sociales en el seno del Partido Popular y les convocaron en la sede de Génova 13 para presentarles a De Pedro. Ha indicado que no recuerda si en esa presentación que hizo De Pedro estaba también el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados.
Tras ese primer contacto, decidieron convocar al experto en reputación ‘online’ en el ayuntamiento de Alcobendas, donde se reunió, ha dicho, con la directora de comunicación (cargo eventual) Teresa Alonso. Tras esto, deciden que se impartirán cursos de formación en redes sociales a los funcionarios del consistorio que hacían labores de comunicación.
Pero García de Vinuesa ha subrayado ante el juez que dado que él no estaba a esos asuntos, no supo con que empresa se contrataba este tipo de formación, aunque se hacía por medio del Patronato Sociocultural del ayuntamiento.
Asimismo, ha negado conocer otros contratos que se firmaran con las empresas de De Pedro, que desconocía si se hicieron informes sobre reputación en redes, aunque en un momento dado ha querido diferenciar lso trabajos que se puedan hacer para mejorar una reputación, de los que van encaminados a analizarla.
Además, García de Vinuesa, que en un momento dado ha pedido al magistrado García-Castellón que el asunto se resuelva pronto, ha recalcado que su preocupación siempre fue impulsar la imagen de Alcobendas y dinamizar el empleo.
OTROS IMPUTADOS
Si bien este jueves sólo ha declarado él, el juez aceptó a principios de noviembre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a otros exalcaldes del PP, como es el caso Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habría realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.
También citó a declarar como investigados en la pieza 10 del caso ‘Púnica’ a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados ‘ad hoc’, blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.
Así, ha imputado al que fuera jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Denia Claudio José Reig; al concejal del Gandía, Víctor Soler; a la asesora del exalcalde de Castellón de la Plana Cristina Querol, la entonces coordinadora de Comunicación del mismo Ayuntamiento, y al concejal Juan José Pérez.
También al que fuera jefe de Prensa del Ayuntamiento de Coslada; a la jefa de la campaña electoral de García Vinuesa para revalidar la Alcaldía de Alcobendas; a la exresponsable de prensa del Ayuntamiento de Majadahonda; y el que fuera responsable de Nuevas Tecnologías de este consistorio, Jaime José López Ruiz.
La lista de las nuevas imputaciones la completan el exjefe de Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; dos empleados de las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg Rubin; y el exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D Luis Sánchez Álvarez.
Todos ellos se encuentran investigados por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.
