Los expertos del Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) avisan del aumento «exponencial» de los concursos de acreedores como consecuencia de la crisis del Covid-19 y de sus efectos negativos sobre el empleo, por lo que reclaman la aprobación del Estatuto del Administrador concursal para el correcto funcionamiento del sistema concursal español y poner fin a la «terrible inseguridad jurídica».
Así se desprende del estudio realizado a los expertos, presentado en el III Congreso Nacional del RAJ por el presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez, y el presidente del RAJ, Eduardo Molina, que refleja que muchos de los encuestados destacan un drástico cambio al alza en la tendencia de años anteriores en la evolución de la actividad concursal, producido por el rápido deterioro económico generado por el Covid-19.
«El acelerado crecimiento en el número nuevos procesos concursales, el endurecimiento de las condiciones económicas en las que tienen lugar, los significativos efectos sobre el empleo y las mayores dificultades para recuperar los créditos y evitar la liquidación de las personas que entran en concurso de acreedores son los escenarios a los que nos enfrentamos», ha destacado Molina.
Esta tendencia, según el estudio, no ha frenado el constante deterioro en la remuneración de los administradores y ni el encarecimiento del coste de sus pólizas de seguros que viene produciéndose desde hace años.
El presidente del Instituto, Ferrán Rodríguez, ha asegurado que ambas tendencias, sumadas a la falta de adecuación de la normativa concursal a las necesidades del tejido productivo español y, más en concreto, a la falta de aprobación del Estatuto del Administrador concursal, suponen un «serio riesgo» para el correcto funcionamiento del sistema concursal español, justo en un momento en el que de él depende en gran medida la recuperación de miles de empresas y puestos de trabajo.
En este sentido, Molina ha avisado que, de mantenerse las actuales circunstancias, con una «terrible inseguridad jurídica por la falta de aprobación del estatuto, con una exigua retribución, que en la mayoría de los casos no se llega a cobrar, con mayores costes y una profesión que inmerecidamente no goza del prestigio que se merece, difícilmente se podrá contar con profesionales formados y especializados en un futuro».
Igualmente, el presidente del Instituto explicó durante su intervención que el trabajo de los auditores de cuentas será fundamental para interpretar la transposición de la directiva sobre Insolvencia y evitar así que entren tantos procedimientos en el juzgado, evitando así el atasco.
El estudio apunta que los auditores constatan que empieza a haber un leve repunte del número de nuevos concursos voluntarios y necesarios, y aumentan de forma significativa los concursos procedentes de mediación y, sobre todo, las personas físicas concursadas.
Molina ha avisado de que este aumento, que ya venía siendo generalizado dada la situación de endeudamiento de las familias, con créditos fáciles de obtener, cierres de pequeños negocios y pérdidas de puestos de trabajo y una crisis económica galopante, hará que en los próximos meses y, sobre todo a partir del 14 de marzo, el número de los concursos de acreedores aumente «exponencialmente».
Respecto al comportamiento de los concursados, el estudio indica que persiste la tendencia a la caída en el número de convenios firmados y cumplidos y, aunque se observa un cambio al alza en la tendencia de las calificaciones culpables, de momento no puede decirse que esté produciéndose un aumento significativo de este tipo de procesos. Las peticiones de responsabilidad no muestran apenas variaciones, por lo que hay que entender que su número se mantiene en los tres años analizados.
Como consecuencia, por primera vez desde 2018, se produce un aumento, todavía no significativo, de EREs vinculados a concursos y en los periodos de pagos del Fogasa. De momento, el número de días pagados se mantiene en niveles pre-crisis.
