El Tribunal Supremo deliberará estudiará mañana a puerta cerrada si avala o no el tercer grado penitenciario que la Generalitat de Cataluña concedió a los nueve líderes independentistas condenados por sedición en el juicio del ‘procés’, así como el régimen de semilibertad que se les trató de aplicar por la vía del artículo 100.2 del régimen penitenciario.
Las medidas no llegaron a hacerse realidad para la mayor parte de ellos, ya que quedaron en suspenso tras los respectivos recursos interpuestos por el Ministerio Público con excepción del 100.2 para Carme Forcadell y Dolors Bassa.
La Fiscalía del Tribunal Supremo recurrió el pasado mes de agosto ante el alto tribunal el tercer grado que la juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña avaló con respecto al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn; el expresidente de la ANC y dirigente de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Tras ello, la juez dejó el tercer grado en suspenso hasta que el Supremo resolviera de manera definitiva la concesión de esta clasificación, por lo que estos siete condenados no han podido salir de prisión.
Todos ellos regresaron a la prisión de Lledoners el pasado 28 de julio y la decisión de la juez fue impugnada por los propios líderes independentistas, por lo que estos recursos serán también varlorados por el Supremo.
FORCADELL Y BASSA SÍ PUDIERON SALIR
El Ministerio Público hizo la misma petición el pasado 2 de noviembre con respecto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsejera Dolors Bassa, si bien éstas no han tenido que regresar a sus respectivos centros penitenciarios, ya que el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cataluña no aceptó aplicar una suspensión cautelar en este caso.
En todos los recursos, los fiscales argumentan que la progresión al tercer grado de los condenados por el ‘procés’ es prematura porque producen el «menoscabo de los fines esenciales de la pena» y transmite a la sociedad la sensación de «impunidad». En cuanto al 100.2, la Fiscalía argumenta que se asemejaría a un «tercer grado encubierto».
Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno presentaron un escrito a finales de julio solicitando a los magistrados del Supremo que suspendieran de manera inmediata el régimen de semilibertad aplicado o a todos los condenados por sedición.
En su respuesta, la Sala del Supremo advirtió que no tomaría ninguna decisión definitiva al respecto hasta que las Audiencias Provinciales de Girona y Barcelona no les remitiese los recursos registrados contra las decisiones de los juzgados de vigilancia penitenciaria con competencia en Cataluña contra la flexibilización de las condenas. Esta es la cuestión que se debate mañana ante el alto tribunal.
Por otra parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa las peticiones de indulto a favor de los doce condenados en el juicio del ‘procés’, y actualmente está esperando a recibir determinada documentación penitenciaria antes de requerir informe a la fiscalía sobre este asunto, tras el cual deberá elaborar su propio dictamen.
