Una de cada tres personas con discapacidad vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE.
Una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión social (el 32,5%), más de siete puntos por encima de los datos de población general y “con una trayectoria de escasa recuperación a lo largo de los años”.
Dicho de otro modo, según datos recogidos por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (Odismet), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, una de cada tres personas con discapacidad ha de afrontar importantes carencias que condicionan una calidad de vida digna y solvente. “Hablamos de 2,3 millones de personas cuyas necesidades básicas están descubiertas”, explican desde este organismo.
El indicador AROPE, (Risk Of Poverty and/or Exclusion) de La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, es en España uno de los más altos de Europa y aún continua en niveles superiores a los alcanzados en 2008. Actualmente el 25,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión en nuestro país, un punto y medio superior a los datos de aquella crisis.
Este indicador sirve para medir los niveles de desigualdad entre poblaciones y es un criterio técnico que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por hogar. No mide la pobreza en términos absolutos, sino cuantas personas tienen ingresos tan bajos que se encuentran en riesgo en relación al conjunto de población.
En 2019 el 20,7% de la población residente en España se encontraba en riesgo de pobreza mientras que en el caso de las personas con discapacidad el indicador se eleva hasta el 23,6%.
Odismet señala que “las personas con discapacidad perciben menores ingresos, ya que su salario es un 17,3% inferior y esta situación no está mejorando con los años. Los hombres con discapacidad cuentan con una tasa de riesgo de pobreza mayor (25,4% frente al 22,2% de las mujeres) circunstancia contraria a la que se produce entre la población general donde las mujeres salen peor paradas en este indicador, donde hay coincidencias es en la preocupante situación de los más jóvenes, para el caso de las personas con discapacidad de 16 a 29 años la tasa se dispara hasta el 42,1%”.
“Baja intensidad” en el empleo
Otro de los componentes claves para construir el indicador AROPE (riesgo de pobreza) es la intensidad en el empleo, es decir, aquellas personas que viven en hogares en los que sus miembros, en edad laboral, apenas han logrado trabajar un 20% de su tiempo posible de trabajo.
Las diferencias en este indicador también son claras entre la población general y las personas con discapacidad. En 2019 un 10,8% de los menores de 60 años residían en hogares con baja intensidad laboral. En el caso de las personas con discapacidad en esta franja de edad, el porcentaje es del 34% (6 puntos más que el año anterior), un signo de las dificultades de acceso al empleo para las personas con discapacidad, que “lejos de mejorar empeora año a año”, ya que cuentan con una tasa de empleo del 25,8% (40 puntos menos que las personas sin discapacidad).
“Carencia severa” de aspectos básicos
El último de los componentes utilizados para la medición de pobreza y exclusión social es la privación o carencia severa de aspectos básicos de la vida diaria. Sobre un listado de 9 conceptos debe existir la privación de 4 o más de ellos para considerar a la persona en situación de carencia material severa.
Este componente informa del grado de vulnerabilidad de la población que para las personas con discapacidad se encuentran a la cabeza ya que el 7,5% de las personas con discapacidad tienen esta situación frente el 4,7% de la población general.
El 50,6% de las personas con discapacidad viven en hogares que no pueden permitirse ir de vacaciones una semana al año (entre la población general el porcentaje es del 33,5%). Casi la mitad de las personas con discapacidad (46,1%) no pueden hacer frente a gastos imprevistos (12 puntos por encima de la población general). Hasta un 11,4% de personas del colectivo en situación de pobreza energética dado que no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, esto solo le ocurre al 7,6% de la población.
Igualmente, han sufrido retrasos en hipotecas, pago de suministros y prestamos con mayor intensidad. En definitiva, “la vulnerabilidad del colectivo se está convirtiendo en estructural”, donde casi el 60% (58,7%) tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes (más de 9 puntos por encima) e incluso el 12,2% llegan a fin de mes con mucha dificultad.
