El académico Juan Luis Cebrián ha expresado su «perplejidad» por el anuncio de Telefónica de que se retirará o se quedará en minoría sus actividades en Hispanoamérica y cree que sus accionistas y directivos deben entender que esa presencia fue apoyada por los Gobiernos españoles por una cuestión de Estado.
En un debate organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI) junto a la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, el expresidente del Grupo Prisa ha dicho que espera que el Gobierno «anime a Telefónica a no tomar decisiones que afectarían al prestigio y desarrollo de la cooperación iberoamericana si se retira de Latinoamérica o permanece como testigo en minoría de las acciones de otras grandes multinacionales».
En noviembre de 2019 el grupo que preside José María Álvarez-Pallete anunció un cambio en su estructura para concentrar sus inversiones en sus cuatro mercados principales (España, Brasil, Alemania y Reino Unido). Dicho cambio implicaba unificar todo su negocio hispanoamericano en una sola filial independiente con el objetivo de venderla, sacarla a Bolsa o dar entrada a nuevos socios.
Tras 30 años de presencia en la región, la compañía adoptó esta decisión con el objetivo de poner en valor su inversión en la zona y ante la inestabilidad geopolítica, regulatoria y cambiaria en países como Venezuela, Perú, Colombia o México.
El debate entre Cebrián y González Laya se ha producido en un contexto en el que España quiere ayudar a superar el impacto de la pandemia de Covid-19 en la región, no solo desde el punto de vista sanitario sino también socioeconómico.
Así, está centrada en debatir internacionalmente vías de financiación para estos países, que son en su mayoría de renta media y no pueden beneficiarse de las medidas concesionales –como la moratoria en el servicio de la deuda– de organismos internacionales ni tampoco acudir al mercado en condiciones apropiadas.
La Covid, ha dicho el fundador-director del diario ‘El País’, ha supuesto en la región un retroceso de 10 años en crecimiento económico, de 15 años en términos de pobreza y de 30 años en términos pobreza extrema. Además, ha agravado algunas debilidades estructurales de la región: inestabilidad política, fragilidad institucional y desigualdad.
González Laya ha recordado que estuvo en México la semana pasada y, sobre la situación de las empresas, ha asegurado que lo que hace el Gobierno es pedir «transparencia, estabilidad y reglas de juego claras».
España, ha dicho, no es «neoimperialista» y no pretende decir a otros países qué reglas de juego tienen que fijar, aunque considera que «algunas son mejores que otras». En su reciente viaje, pidió claridad en un momento en el que México está reformando su política energética de manera que puede afectar a empresas como Repsol e Iberdrola.
Además, se ha mostrado convencida de que tanto las autoridades como la población de México valoran el hecho de que las empresas españolas generan 1,3 millones de empleo en el país. En México hay 6.500 empresas españolas, ha dicho, «comprometidas con el país y con generar beneficios, empleo y crecimiento, que es lo que hacen las empresas».
