Plena inclusión y el Consejo General del Poder Judicial firman un acuerdo que da soporte a las personas con discapacidad ante los juzgados y tribunales. Se incluirá la figura de la “persona facilitadora” y el apoyo a los magistrados.
Plena inclusión España y el Consejo General del Poder Judicial han firmado un acuerdo de “gran importancia” para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, dado que facilitará un mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todas las fases del proceso.
Según el presidente de esta entidad, Santiago López, quien ha rubricado el acuerdo con el responsable del CGPJ, Carlos Lesmes, esta iniciativa “hace hincapié en mejorar las condiciones de accesibilidad, así como en la puesta en marcha de diversos ajustes de procedimiento, entre los cuales está la figura de la persona facilitadora, que hagan más sencillo el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales y en todas sus fases”.
López ha explicado que el convenio busca dar soporte a las personas con discapacidad cuando estas se acerquen a los juzgados y tribunales. Así, contempla la posibilidad de “dar apoyo a jueces y magistrados, cuando éstos lo requieran, para la práctica de diligencias o pruebas que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; a promover acciones que faciliten la comprensión de los actos de trámite, diligencias y resoluciones que afecten a los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo; a colaborar en la formación de los jueces y magistrados y a establecer canales de colaboración en Vigilancia Penitenciaria con el fin de buscar alternativas a la privación de libertad para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.
En paralelo, el CGPJ y la Confederación Plena Inclusión España se comprometen a elaborar guías, protocolos de actuación y cualquier otro tipo de material y herramientas dirigidos que ayuden a que los jueces y magistrados puedan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo.
